Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos, que serán juzgados próximamente en la Audiencia de Gipuzkoa, ocurrieron el 30 de diciembre de 1999, cuando tres de los acusados, que habían recibido el inmueble como parte de una herencia, y la responsable de la agencia inmobiliaria firmaron un contrato privado de compraventa por el trastero con la pareja afectada.

El escrito señala que los imputados actuaron "con ánimo de enriquecerse ilícitamente" y "a sabiendas" de que el trastero no estaba habilitado como vivienda y percibieron un total de 105.778 euros, cuando el valor de mercado era de 49.600 euros.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de estafa por el que reclama cuatro años de prisión, una multa de 3.240 para cada uno de los procesados, y que éstos indemnicen a los estafados en la cantidad que se determine en la ejecución de la sentencia, por los perjuicios ocasionados.