MADRID. Sistema retributivo vinculado a la productividad, derecho a la negociación colectiva, desarrollo de una auténtica carrera profesional, posibilidad de convertir 650.000 plazas temporales en indefinidas, y jurados técnicos y profesionales para las pruebas de acceso son algunos de los principios recogidos en el borrador de Estatuto Básico del Empleado Público acordado ayer entre Gobierno, CC OO, UGT y CSIF. La norma, asignatura pendiente de la democracia, afecta a 2,5 millones de trabajadores en el conjunto del Estado. En Gipuzkoa hay 1.800 funcionarios estatales y en el País Vasco cerca de 7.000. Deja fuera de su cobertura a los colectivos que se rigen por leyes orgánicas como Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad o Administración de Justicia, y a otros muy singulares como notarios o registradores de la Propiedad.

El documento «tiene todavía un largo recorrido» en palabras del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien prevé su entrada en vigor a principios de 2007. Los pasos a seguir se resumen en obtener el visto bueno del Gobierno, negociarlo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y llevarlo al Parlamento. «El resultado final no se diferenciará mucho del acordado hoy», dijo el ministro.

Sevilla insistió en que el estatuto de ahora garantizará «por primera vez unos mínimos homogéneos que harán diferente al empleado público del privado, y el disfrute y cumplimiento, entre todos los empleados públicos de las distintas administraciones, de unos derechos y deberes comunes».

Los representantes de las tres centrales con representación, UGT, CC OO y CSIF, se mostraron muy satisfechos por el texto consensuado. COLPISA