BILBAO. Dirigentes de LAB anunciaron ayer movilizaciones para mañana en rechazo a la reforma de la Seguridad Social planteada por Gobierno central y agentes sociales de ámbito estatal, y a la recientemente firmada reforma laboral, por considerarlas «nuevas imposiciones» y «fraudes».

La central abertzale celebrará asambleas de delegados en las capitales y comarcas del País Vasco y Navarra, seguidas de concentraciones ante las oficinas del Inem y del INSS, según señalaron representantes de LAB en rueda de prensa en Bilbao.

La secretaria general adjunta de LAB, Ainhoa Etxaide, consideró que ambas reformas constituyen «nuevas imposiciones» en un contexto en el que las decisiones «se siguen tomando en Madrid», y urgió a articular el diálogo social «en Euskal Herria» para «situar aquí el debate» sobre las cuestiones laborales, «sin límites impuestos».

Reprochó que «las patronales y las instituciones de Euskal Herria están muy cómodas porque las decisiones que se adoptan en Madrid les benefician», y consideró que justificar que no se puede hacer otra cosa por falta de competencias es «insuficiente y no da la talla».

Mayoría vasca

La dirigente sindical abogó por abordar el debate para definir «cómo situar aquí la capacidad de decidir» en materia social y laboral, y señaló que es tiempo de que «la mayoría sindical» vasca aborde una estrategia en favor del marco vasco de relaciones laborales.

Para LAB, tanto la reforma laboral como la de las pensiones son un «fraude» y están «sustentadas en mentiras». La primera, argumentó Etxaide, «no va a mejorar la calidad del empleo porque no aborda la precariedad laboral. Y la segunda «se sustenta en el Pacto de Toledo», cuyo fin es «finiquitar el sistema de la Seguridad Social tal y como lo conocemos hasta ahora», cuando, a su juicio, tal sistema «no es inviable» y su impulso es cuestión de «voluntad política».

Por su parte, la responsable de Política Social de LAB, Beatriz Martxueta, rechazó también la reforma del sistema de pensiones entre otras razones, porque «se estimula» el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años. Asimismo, censuró que en materia de pensiones contributivas «se va a excluir a una parte importante de los trabajadores del derecho a cobrar una pensión mínima porque las pagas extraordinarias -explicó- dejan de considerarse tiempo cotizado, con lo que los 12,5 años que ahora se exigen de cotización pasan a ser 15 años reales de cotización».

Criticó que para acceder a las pensiones de viudedad, «tra un maquillaje progresista, dado que se van a ampliar a las parejas de hecho», se han establecido medidas restrictivas en cuanto a exigencias para su concesión. Denunció, además, que se «endurezcan» los requisitos para acceder a la jubilación parcial y lamentó que la reforma no corrija la situación «discriminatoria» que padecen las trabajadoras del hogar. EFE