MADRID. El Defensor del Pueblo español ha abierto de oficio una investigación sobre la actuación que han tenido las diferentes administraciones públicas respecto al presunto fraude masivo perpetrado por las sociedades de inversión en sellos Afinsa y Fórum Filatélico. El máximo responsable de este órgano, Enrique Múgica, denuncia el «vacío normativo» que existe en este sector que, en su opinión, se demuestra por la «inoperatividad del control apriorístico» que, en teoría, deberían realizar los órganos competentes sobre ese tipo de sociedades gestoras.

Considera Múgica que de los últimos acontecimientos se «evidencia» que la protección de los inversores «no sólo no es suficiente, sino que no existe coordinación institucional destinada a que la misma sea efectiva». En este punto, sostiene -en una nota publicada ayer- que «la única opción posible» que les queda a los clientes de las empresas que hacen negocio con inversiones en bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades, ...) es tener «confianza en unos gestores que, al margen de los controles que la legislación mercantil pueda establecer, no parecen encontrar barreras en el sistema... para ofrecer cierta transparencia pública antes de entrar directamente en sospecha de fraude».

La actuación del Defensor del Pueblo también parte de la base de que, debido al sistema «cerrado» de valoración de los bienes que se ofrecen en este sector, «la capacidad de un inversor medio de conocer el valor real de sus activos es prácticamente nula». A su juicio, es «aún más preocupante que, tras años de investigaciones por la Agencia Tributaria en las que se ponían de manifiesto dudas razonables sobre la transparencia y la legalidad de las operaciones de estas sociedades, se permitiera que las operaciones continuaran con normalidad, ampliando el número de afectados y asumiendo el riesgo de que el fraude tuviera un alcance mucho mayor».

Recabar los datos

Como primera medida, la institución que dirige Múgica ya se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Economía, a fin de recabar todos los datos de que disponga sobre los casos de Afinsa y Fórum. Además, el Defensor del Pueblo ya ha empezado a tramitar ante los estamentos públicos correspondientes las «numerosas» quejas individuales de los afectados en ambas sociedades, donde plantean la posible responsabilidad de la Administración en este asunto, en un intento por que el Estado o las comunidades autónomas costeen parte del agujero detectado.

Por otro lado, las asociaciones de consumidores han pedido al Ejecutivo la creación de dos fondos destinados a las víctimas. Uno de ellos se dirigiría a la asistencia inmediata a las familias que tengan cualquier tipo de dependencia respecto a las rentas periódicas que les ofrecían Fórum y Afinsa. El otro tendría como fin adelantar las pérdidas que hayan tenido los ahorradores en este caso, hasta el momento en que se puede determinar su alcance real. El Gobierno, sin embargo, es reacio a aprobar este tipo de compensaciones. COLPISA