VITORIA. DV. Maite Erro, profesora de Psicología y vicerrectora de Alumnado de la UPV, es desde ayer la primera Defensora vasca para la Igualdad, cargo que viene recogido en la ley aprobada en el Parlamento Vasco en febrero del año pasado y cuyo objetivo será defender a los ciudadanos ante situaciones de discriminación por razón de sexo así como la promoción de la igualdad de trato de mujeres y hombres en la CAV.

Natural de Lesaka y euskaldun, Erro tiene una larga trayectoria en el campo de la igualdad ya que, por ejemplo, participó en la creación del máster de la UPV para formar expertos en este tema.

Erro tomó posesión de su cargo en un acto oficial que tuvo lugar en el Palacio de Ajuria Enea ante la presencia del lehendakari, Juan José Ibarretxe, de miembros de la Mesa del Parlamento, de la directora de Emakunde, Izaskun Moyúa, así como del rector de la UPV, José Ignacio Pérez.

En su primera intervención pública como Defensora para la Igualdad, se comprometió a defender un trato igualitario en todos los ámbitos de la vida y a hacer cumplir las reglas que marca la Ley de Igualdad en el sector privado. Aludió a la incorporación laboral de la mujer, «un campo en el que muchas de las tendencias discriminatorias siguen presentes». Para apoyar su afirmación, Erro ofreció una batería de datos económicos entre los que destacó que en Euskadi la tasa de ocupación femenina es 21 puntos menor que la masculina, que los contratos indefinidos están 26 puntos por debajo de los hombres o que los salarios son un 20% inferiores. Además señaló que de las 24.000 personas de Euskadi que están sin contrato, el 90% son mujeres. «Estas realidades y otras ponen en evidencia la necesidad de igualdad de trato en el orden laboral», indicó.

Y es que entre las funciones que tendrá este nuevo órgano, adscrito a Emakunde, se encuentra la de investigar posibles situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo en el ámbito privado, facilitar vías de negociación, prestar asesoramiento con el fin de corregir situaciones discriminatorias, así como facilitar la resolución de los casos de acoso sexista.