Miércoles, 24 de mayo de 2006
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El juez rechaza excarcelar a los directivos de Afinsa porque teme que hagan desaparecer bienes y pruebas
Pedraz no entra a valorar cuestiones técnicas a la espera de que avancen las diligencias
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MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó ayer la petición de excarcelación de los cuatro directivos de la sociedad Afinsa detenidos por la estafa de los sellos, por entender que si los deja en libertad los sospechosos podrían hacer desaparecer pruebas contra ellos y, sobre todo, bienes con los que poder indemnizar en el futuro a los afectados del supuesto fraude piramidal.

El instructor Pedraz dictó ayer un auto de respuesta al recurso de reforma presentado por los abogados de los imputados, en el que confirma la prisión provisional del presidente de honor y propietario del 50% de la empresa, Albertino de Figueiredo do Nascimento; del presidente del consejo de administración, Juan Antonio Cano Cuevas, y de los consejeros Vicente Martín Peña y Carlos de Figueiredo (hijo del presidente de honor). Todos ellos están acusados de estafa, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal.

El juez asegura que los directivos no pueden quedar en libertad porque, además del riesgo de fuga, la gravedad de las acusaciones y la alarma social, hay posibilidades de que los cuatro imputados «actúen contra los bienes jurídicos de las víctimas» y «oculten, alteren o destruyan pruebas relevantes para el caso». Todo ello -señala el magistrado- sin contar con que los arrestados «podrían hacer desaparecer bienes con los que, en su caso, pudiera resarcirse a los perjudicados».

Santiago Pedraz ni siquiera entra a valorar las apreciaciones técnicas de los abogados sobre cómo se hicieron los contratos o sobre otras cuestiones de la administración de la empresa, ya que no lo considera el momento procesal oportuno, a la espera de que avancen las diligencias.

Tampoco atiende la solicitud de que Albertino de Figueiredo quede en libertad debido a su estado médico y su avanzada edad, 75 años. Asegura que la prisión de Soto del Real «cuenta con los medios oportunos» y, si es preciso, «puede acordar su traslado a un centro hospitalario». No obstante, reclama a los servicios médicos de la prisión un informe sobre la salud del interno para decidir sobre su futuro. COLPISA



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