El diputado para el Desarrollo del Medio Rural, Rafael Uribarren, compareció hoy junto al portavoz foral para dar a conocer los acuerdos adoptados ayer por el Consejo de Diputados, que ahora deberá someter a la aprobación de las Juntas Generales este proyecto de norma, que regulará el régimen, la planificación, el uso y aprovechamiento de los montes públicos y privados de Gipuzkoa.

Uribarren explicó que la nueva norma limitará también el uso del fuego por parte de los excursionistas fuera de las 32 áreas recreativas habilitadas para en ello en toda la provincia, así como la quema de rastrojos y podas sin la autorización de la administración forestal.

También se necesitará permiso para el aprovechamiento de maderas y leñas en los montes y quedarán prohibidas las cortas a hecho o matarrasas del arbolado que sean susceptibles de una regeneración natural.

Gestión sostenible

Se aumentará del 15 al 20 por ciento el porcentaje que deberá destinarse a la mejora de los montes de los ingresos obtenidos en los aprovechamientos de los que son de utilidad pública, en cuyas zonas de pastoreo quedará prohibida además la circulación de perros sueltos.

Uribarren precisó que los montes de utilidad pública suman 33.000 hectáreas de las 196.000 que ocupan todos los de la provincia.

El diputado foral explicó que se ha decidido reconocer la certificación PEFC como parte de un proceso que pretende vincular el comercio de los productos forestales con la gestión sostenible de los montes que proceden, aunque admitió que tras esta filosofía está el "retroceso económico" experimentado por el sector maderero de Gipuzkoa, un descenso que situó en el 30% en los últimos 8 años.

Dijo que los compradores han optado por adquirir madera de países del hemisferio sur, especialmente de Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda, por lo que se trata de buscar calidad y ofertarla al precio de esos países.

Guardas forestales

"Esto es, una madera vasca, producida en Euskal Herria", destacó Uribarren, quien señaló que los productores guipuzcoanos exportan a provincias como Valencia, Murcia y Burgos, que la destinan a la fabricación de muebles.

Con el reconocimiento de los guardas forestales como agentes de la autoridad, se intentará garantizar el correcto ejercicio de sus funciones de policía y control.

El diputado explicó que la norma foral vigente presenta "algunas deficiencias" que convenía subsanar, como el "excesivo intervencionismo" de la Administración en los montes privados declarados de utilidad pública y las "dificultades de aplicación" del procedimiento sancionador.