SAN SEBASTIAN. DV. El colectivo naturalista Haritzalde, junto a los grupos Egia Bizirik, Eguzki y Ekologistak Martxan, ha presentado una denuncia en los juzgados de San Sebastián al entender que las obras que se acometen en el parque Cristina Enea «incumplen el legado del Duque de Mandas y vulneran numerosas leyes de protección de la naturaleza de rango autonómico, estatal, comunitario e internacional».

Haritzalde considera que los trabajos, adjudicados a la agencia alemana Ter por valor de 2,6 millones de euros, pueden ser constitutivos de un delito relativo a la protección de la flora y fauna previsto en los artículos 332-337 del Código Penal. En estos artículos se prevén penas de hasta dos años de prisión para quienes talen «especies de flora amenazada» o «alteren gravemente su hábitat», y a quienes introduzcan especies de flora y fauna no autóctona «de modo que perjudiquen el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies».

Los denunciantes entienden que se está construyendo «una red de pistas de encofrado de cemento» por todo el parque «sin haber adoptado previamente medidas correctoras ante una fauna y flora protegida por leyes de diferente rango y con poblaciones terminales en el parque». En opinión de estos grupos, las obras están provocando la «destrucción del hábitat de numerosas especies» y generando «una verdadera cascada de extinciones locales de fauna protegida».

Haritzalde denuncia que se ha reducido en sus dimensiones el mayor estanque para recreo de aves acuáticas del municipio; critica que los generadores de aire acondicionado instalados están provocando «una fuerte y constante contaminación acústica»; advierte que el aumento de tomas de luz conllevará una contaminación lumínica que «alterará el biorritmo de las especies silvestres»; y afirma que las zanjas para la introducción de tubos «están dañando la mayoría de las raíces de los árboles, sin aplicar posteriormente ningún cuidado fitosanitario, pudiendo provocar la muerte de los mismos».

Mantener los charcos

Estos colectivos consideran que el nuevo sistema de recogida de aguas pluviales introducido para evitar la formación de charcos en la parte baja del parque «puede suponer el mazazo definitivo para las poblaciones terminales de anfibios» que habitan en este paraje -sapo partero común, rana bermeja, rana común y sapo común-, «todos ellos protegidos por leyes de diferente rango».

Haritzalde denuncia que las obras «han talado una veintena de carpes jóvenes» en la parte superior del parque para hacer un mirador orientado a Riberas de Loiola, cuando el carpe es «una especie de flora protegida». En opinión de los denunciantes, otras especies protegidas cuya supervivencia estaría en peligro serían el ciervo volante, el gran capricornio y el sapo partero común.

Los cuatro colectivos solicitan, por todo ello, la «paralización inmediata» de las obras de cementación, la «restitución a su estado anterior de las áreas afectadas por las obras», y el «restablecimiento de los hábitats dañados». Igualmente reclaman la prohibición del tránsito de vehículos y la «reorientación de la gestión del parque para recuperar las especies con poblaciones terminales e introducir las extinguidas». Los firmantes piden también que «se le devuelva a la ciudadanía todos los enseres legados por el Duque de Mandas y se vuelva a colocar el monolito en conmemoración a Gladys del Estal».

Estos colectivos realizan concentraciones todos los viernes a las 18 horas a la entrada del parque, recogen firmas contra las obras y el próximo martes darán una conferencia en la casa de cultura de Egia.