VIGO. La Policía arrestó ayer en Lugo a diez personas a las que acusa de un presunto fraude en la adjudicación de obras por parte de la Diputación lucense. Entre los arrestados están dos funcionarios de la Diputación, gobernada por el PP, y otras siete personas al parecer vinculadas a la consultoría de ingeniería Senén Prieto, que según los investigadores habría podido beneficiarse de adjudicaciones ilegales. La Policía registró las dependencias del organismo provincial y varias compañías de ingeniería y arquitectura.

El fiscal jefe de la Audiencia de Lugo, Jesús Izaguirre, se presentó a primera hora de la mañana en el Pazo de San Mauro, que alberga la Diputación, y le entregó a su presidente, Francisco Cacharro Pardo, la autorización judicial para efectuar el registro. Las actuaciones son fruto de una denuncia pública del grupo socialista, que alertó de presuntos comportamientos irregulares en las adjudicaciones de obras públicas.

Finalizada la búsqueda en las dependencias oficiales, la Policía inspeccionó varias consultorías y asesorías de ingeniería y arquitectura en la ciudad de Lugo. El fiscal jefe también dirigió el registro en las dependencias de la empresa Senén Prieto, que duró varias horas, donde los agentes detuvieron a una persona. Unas horas antes, otras ocho personas habían sido detenidas en sus domicilios por su presunta relación con este caso. Por la tarde se ordenó la décima detención.

Entre los arrestados se encuentran el jefe del servicio de Vías y Obras de la Diputación de Lugo, Alberto Fernández Pereira, cuyo despacho fue precintado por la Policía, y el ex funcionario José Manuel Romay López, que está jubilado. El resto de los detenidos son trabajadores del gabinete asesor Senén Prieto, al que, según fuentes de la investigación, la Diputación encargaba el 90% de las consultorías técnicas de sus obras.

El BNG pidió al PP que «depure sus responsabilidades» mientras que los populares gallegos expresaron su confianza en la justicia y en su independencia. COLPISA