El Parlamento Vasco ha reclamado hoy que la futura ley de dependencia contenga un "escrupuloso respeto a la competencia exclusiva" de la Comunidad Autónoma Vasca en materia de servicios sociales, así como al sistema de financiación del Concierto Económico.

Esta iniciativa se recoge en una enmienda transada entre PNV, EA, EB y PP, a un texto original del PP, y rechazada por PSE-EE, Aralar y EHAK.

En el texto, también se pide que la ley recoja la atención a las personas en situación de dependencia como derecho subjetivo y que se concreten los servicios y prestaciones, de modo que se definan cuáles se integrarán en la cartera de servicios básicos con cargo a a la financiación general del Estado. Asimismo, el Parlamento de Vitoria solicita que se garantice una financiación "suficiente y sostenible" por parte de los presupuestos generales del Estado.

Además, demanda que se redefinan las funciones y composición del Consejo Nacional de Dependencia, de modo que se ajuste al marco competencial "que en exclusiva poseen las comunidades autónomas".

A través de la enmienda, el Parlamento también respaldó la aprobación de la futura ley vasca de Servicios Sociales.

Los partidos que integran el Gobierno Vasco, en especial EA y PNV, mostraron su rechazo al proyecto de ley, tal y como está redactado, porque creen que invade competencias autonómicas.

Así, Gemma González de Txabarri (PNV) se mostró de acuerdo con que se apruebe una ley de estas características, pero advirtió de que el PSOE debe demostrar que "cree en el actual sistema" y respetar las competencias vascas en la materia.

En el mismo sentido, Karmele Antxustegi (EA), manifestó su "inquietud" por la fórmula de financiación que se acordará para los servicios que contemplará la ley y dejó claro que "tal y como está actualmente el proyecto no lo podemos votar afirmativamente porque invade competencias".

Por su parte, Kontxi Bilbao (EB) aprovechó su intervención para matizar la polémica surgida después de que el PNV criticase el principio de acuerdo, en torno a esta ley, suscrito entre el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

Diferentes posturas

Bilbao precisó que "se ha producido un malentendido" en torno a este principio de acuerdo, ya que "no excluye, sino todo lo contrario, que los grupos parlamentarios puedan mejorar el texto del proyecto de ley en coherencia con los acuerdos interinstitucionales (entre las instituciones vascas) y con el texto firmado con el Ministerio".

Desde el PSE-EE, Gemma Zabaleta instó al PNV a "clarificar su posición", al opinar que "hay que tener valor para decir que el Gobierno Vasco se opone a la ley, cuando ninguno de los principios que se recogen en ella se cumplen en Euskadi".

Además, reprochó a este partido que reivindiquen competencias y, al mismo tiempo, pidan "que las paguen los presupuestos del Estado". "Si van por ese camino están muy equivocados porque no les vamos a acompañar", advirtió.

Por su parte, la "popular" Arantza Quiroga criticó que el Ministerio de Trabajo "no ha gestionado de forma adecuada" esta cuestión, porque no ha mantenido el suficiente debate con las comunidades autónomas, al tiempo que ofreció el apoyo de su partido al Gobierno para alcanzar un "pacto de Estado" sobre esta cuestión.

Por último, Karmele Berasategi (EHAK) rechazó la enmienda transada, al opinar que "no hace frente a las necesidades de Euskal Herria", y reclamó una ley vasca de dependencia.