SAN SEBASTIÁN. DV. El lehendakari Juan José Ibarretxe advirtió de que el diálogo y las negociaciones sobre el futuro político de Euskadi competen exclusivamente a los partidos políticos. Ibarretxe dejó claro este principio después de la entrevista publicada el domingo en la que ETA condiciona el fin del «conflicto» a determinadas demandas políticas como el derecho de autodeterminación o la «territorialidad».

Ibarretxe realizó estas declaraciones durante su intervención en la inauguración de la exposición 'Euskadi rural siglo XXI' celebrada ayer en la localidad alavesa de Alegría. El lehendakari aprovechó también la ocasión para expresar su convicción de que los deseos de paz de la sociedad vasca serán una realidad y reiteró que serán los ciudadanos quienes decidirán en última instancia el futuro del País Vasco.

El jefe del Ejecutivo vasco no se refirió expresamente a la entrevista a dos portavoces de ETA publicada en Gara, pero envió de forma indirecta un mensaje claro a la organización terrorista al subrayar que las cuestiones políticas competen a los partidos políticos. «Hablaremos también de política en este país en los próximos tiempos y hablar de política corresponderá a los partidos políticos», subrayó.

«Esto es como el fútbol. Hay muchos opinadores, pero al final hay unos jugadores en el campo: los que juegan, los que están en el campo son los que hacen la vida política y los que estamos en el campo somos los partidos políticos», añadió el lehendakari.

Ibarretxe afirmó que partidos e instituciones seguirán trabajando y «construyendo el futuro», e indicó que al final será «la sociedad vasca, todos y cada uno de vosotros y vosotras, también la gente que trabajáis en el campo y la gente que trabajáis en la pesca, los que vais a decidir cuál es el futuro de este país. A partir de ahí, por lo tanto, hagamos debates sensatos».

Asimismo, la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, se dirigió a ETA para asegurar que la sociedad vasca «hace tiempo que rechazó cualquier tipo de tutela». En una entrevista en Herri Irratia, Azkarate compartió con el lehendakari que «la política la tienen que hacer los políticos». «Mientras no haya novedades, nos seguiremos manteniendo donde siempre», aseguró.

El Gobierno, por su parte, advirtió de que el hecho de que no haga valoraciones de las últimas manifestaciones de ETA no significa que escuche sus planteamientos. Todo lo contrario, sostuvo la vicepresidente. «La decisión de no pagar un precio político a la organización terrorista por alcanzar la paz es firme y tajante», dijo.

María Teresa Fernández de la Vega sostuvo que el «único camino» hacia la paz pasa por «el respeto a la democracia, el respeto a la ley y el respeto al Estado de Derecho sin atajos». Un cauce que, aún en ausencia de violencia, imposibilita que se atiendan las demandas de ETA, dado que «el derecho de autodeterminación no está recogido en la legislación vigente ni está en discusión la modificación del estatus jurídico y político de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra», recordaron fuentes gubernamentales.

La vicepresidenta volvió a defender los ritmos y el calendario fijados por Rodríguez Zapatero. Aseguró que no se van a acortar los plazos previstos y «ahora estamos en la fase de verificación del alto el fuego». Fernández de la Vega confió, además, en que los indicios de la veracidad de las intenciones de ETA se confirmen y el cese de actividades pase de permanente a «definitivo», un paso que la organización terrorista ha condicionado a «la evolución» del proceso.

Acordar la desaparición

En similares términos se pronunció el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien afirmó en Bruselas que ETA sabe lo que tiene que hacer: «Cese total y definitivo de sus actividades y acordar su desaparición». Ésas, dijo, son «las exigencias de la democracia» a la organización terrorista y no discutir temas políticos. Añadió que no iba a dedicar un minuto a comentar la entrevista porque las opiniones de los terroristas son «irrelevantes» y «lo importante son los hechos».

Fuentes gubernamentales, entretanto, mantuvieron su posición de no dar relevancia a la última irrupción de ETA, aunque mostraron cierta inquietud por sus comentarios referidos a la legitimidad del envío de cartas a empresarios con exigencias de pago del 'impuesto revolucionario'. Apuntaron que este dato no apareció en el comunicado de anuncio del alto el fuego y señalaron que existe el riesgo de que recurran a esta vía de financiación por los serios problemas económicos que atraviesa la organización. Si fuera así, agregaron las fuentes, todo el proceso se puede venir abajo.

El coordinador general de Lokarri, Paul Ríos, por su parte, consideró preocupante que ETA «no abandone todavía la tentación de ser juez, parte y evaluador» del proceso, lo que, a su juicio, «arroja una sombra de duda sobre lo que es realmente su disponibilidad de poder iniciar el proceso». Para Ríos, el aspecto positivo de la entrevista es que ETA «reafirma su disposición a tratar de conseguir que se pueda abrir un proceso de soluciones».