Cuatro días después del inicio de las rebeliones en prisiones del estado de Sao Paulo, un total de 45 cárceles y centros de detención provisional continúan desbordadas por la violencia. Entre cincuenta y setenta muertos, de los que 35 eran funcionarios de servicios policiales o penitenciarios, se cuentan ya desde que el pasado viernes estallaron en Sao Paulo graves desórdenes inducidos por los jefes del hampa brasileña en respuesta al traslado de sus líderes más conocidos a cárceles de seguridad. No es exagerado decir que la situación que atraviesa en estos momentos el sistema penitenciario brasileño es sencillamente crítica. Y en las calles de Sao Paulo no es mucho mejor.

Que el hampa haya alcanzado tal implantación y disciplina se explica porque, en el mejor estilo de las tríadas asiáticas o la mafia italoamericana tradicional, estos cárteles mafiosos proveen a sus miembros de una red de asistencia que cubre las carencias del propio Estado en las barriadas marginales e incluso les da ciertas garantías económicas.

La crisis ha rebasado ya la pura dimensión del orden público y así lo acredita la polémica que se ha suscitado entre diversos factores sociales y económicos en la gran metrópoli y, sobre todo, entre autoridades federales y estatales. El popular ex gobernador, Geraldo Alckmin, adversario del presidente Lula y su contrincante en las próximas presidenciales, ha entrado de lleno en el debate y lo ha politizado abiertamente, lo que augura una pésima dinámica en la resolución del conflicto. En primera instancia las autoridades no tienen más remedio que acabar con los motines carcelarios.