MADRID. El Ministerio de Economía conocía desde 1991 algunas anomalías contables en los balances de Afinsa y Fórum Filatélico, que incurrían en ellas ex profeso para ocultar su «enorme déficit patrimonial», tal y como han concluido hasta el momento las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria. La propia Hacienda sospecha, por otro lado, que Afinsa y su proveedor único de sellos hasta mediados de 2003, Francisco Guijarro, se pusieron de acuerdo para la supuesta falsificación y/o manipulación de decenas de miles de unidades.

Los investigadores del caso coinciden en que es muy complicado concretar cuándo se tuvieron los primeros indicios de las irregularidades descubiertas en las dos sociedades de inversión citadas. Sólo parece claro que el verano pasado ya se disponía de informes suficientes (la mayoría obra de la propia Agencia Tributaria, junto a alguno del Banco de España) que iban en esa línea, aunque el Ministerio Público aguardó hasta concluir sus pesquisas y tener amarrados a los responsables.

Pero antes de esa fecha ya se tuvieron los primeros avisos de que algo no iba bien en las cuentas de Fórum y Afinsa -en realidad, y dado que ambas operan de la misma forma desde hace más de 20 años, los investigadores piensan que los reproches administrativos pueden venir de lejos-. El 20 de septiembre de 1996, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda le comunicó a la segunda de ellas que debía cambiar su método de anotar las operaciones, e incluir como «auténticos préstamos» las inversiones que recibía. En este caso, el interés de los créditos dados a la empresa por sus clientes consistiría en la alta rentabilidad prometida para sus depósitos.

Además del Ministerio de Economía, otros organismos públicos también han sabido de las peculiaridades de Afinsa y Fórum en los últimos años. Entre 2002 y 2003 la CNMV fue contactada en varias ocasiones por estas dos firmas para que aprobara sus folletos de inversiones, lo cual hubiera aumentado la aparente fiabilidad de sus productos. Pero el instituto supervisor se negó de forma repetida por carecer de un amparo normativo legal. En la primavera de 2002, la Comisión Europea también recibió varias quejas por la forma de operar de ambas empresas, pero no intervino al considerar el asunto de competencia nacional. COLPISA