Ante la situación que se presenta desde que la banda terrorista ETA anunciara su alto el fuego permanente, y lo que ello ha supuesto de declaraciones y opiniones diversas en los medios de comunicación, sentimos la necesidad de aclarar, como víctimas del terrorismo, nuestro punto de vista sobre un proceso que nos afecta muy directamente. En primer lugar, nos parecen inaceptables los llamamientos que desde diversos ámbitos se realizan en demanda de perdón para los terroristas y de reconciliación «entre las diversas partes enfrentadas». Estas peticiones resultan inadmisibles porque nos exigen a las víctimas tener un comportamiento indulgente que nadie tiene el derecho a demandarnos (ni nosotros tenemos ninguna obligación de concederlo) y porque nos sitúan ante una situación en la que si no concedemos nuestra clemencia a los asesinos pasamos inmediatamente a ser consideradas como personas vengativas, rencorosas y resentidas. Es insostenible que se pretenda centrar el proceso de paz en el perdón y en la reconciliación, cuando, bajo nuestro punto de vista, el fin del terrorismo pasa indefectiblemente por la necesidad innegociable de que todos los criminales sean perseguidos, juzgados y, en su caso, condenados; por la obligación de que no haya amnistías y, por supuesto, por que no se siga el modelo irlandés de excarcelación de presos que tan dudosos resultados ha dado y está proporcionando a las víctimas del terrorismo de ese país.

Por otro lado, nos resulta muy preocupante la frivolidad con la que desde múltiples ámbitos sociales se contempla ya un posible escenario de paz. En la Arcadia feliz en la que se convertirá Euskadi en cuanto desaparezca la banda terrorista ETA todos estaremos unidos, y el diálogo, la tolerancia, el respeto al otro y la pluralidad enriquecedora se expandirán sin cortapisas. Pero algunas dudas nos asaltan: ¿qué van a hacer las instituciones para conseguir que miles de vascos que durante décadas han estado impulsando, comprendiendo, apoyando, jaleando y justificando a los criminales se conviertan, de la noche a la mañana, en modélicos ciudadanos demócratas?, ¿qué mecanismos se van a poner en marcha desde el Gobierno Vasco o desde el Ejecutivo central para corregir las múltiples carencias democráticas, los comportamientos fascistas, las actitudes xenófobas y las conductas proetarras que diariamente se producen en nuestra tierra?

En otro orden de cosas, nos parece éticamente indecente que constantemente, y desde la mayor parte de los medios de comunicación, se venda machaconamente la idea simple, populista y efectista de que con tal de que no haya más asesinatos merece la pena realizar cualquier esfuerzo por la paz. La paz merece la pena, y nadie lo sabe mejor que nosotras. Pero no la paz a cualquier precio, no la paz a costa de convertir a la ilegalizada Batasuna en «el futuro de este pueblo» (según nos ha explicado José Luis Rodríguez Zapatero) y, desde luego, no la paz que lo prepara todo para convertir a los verdugos de hoy en los políticos referenciales del mañana.

Por todo esto, lo más importante para nosotras, nuestra primera urgencia y nuestra máxima preocupación, es que el Gobierno nos garantice que no va a impulsar ninguna medida que puede significar la aparición de espacios de impunidad para los terroristas. Los criminales responsables del horror padecido por todos los ciudadanos demócratas han de ser juzgados y, en su caso, condenados. En nuestra opinión, también es importante que el Gobierno se asegure de que cuando la pesadilla termine, y cuando el terror fascista de ETA y sus secuaces pase a la historia universal de la infamia, el Estado de Derecho garantice que no va consentir medias tintas, comportamientos amenazantes o actuaciones mafiosas como las que recientemente se han producido en las localidades de Barañain o Getxo. Para nosotras, una idea es clara: los únicos que tienen que ser vencidos en esta historia de consternación son los terroristas, sus cómplices y todos esos ciudadanos que durante tantos años han actuado como si los asesinatos, los secuestros y las extorsiones de nuestros familiares no fueran con ellos.

Como colofón final, queremos manifestar que nos parece sumamente preocupante que habiendo una Fundación, bien financiada por el Gobierno, que se autodenomina representante de todas las víctimas, ésta no haya hecho una declaración clara y concisa en el momento del anuncio por parte de los terroristas de su alto el fuego permanente. Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, embrolladas como están en atender a las directrices que diferentes grupos políticos se encargan de dirigir, se olvidan de lo que siempre ha sido y es más importante para las víctimas en general, y para las víctimas del terrorismo en particular: la necesidad de alcanzar una justicia reparadora que, además, ha de garantizar la fortaleza y la superioridad del sistema democrático contra el totalitarismo fascista.

Para nosotras, como víctimas, ese es el comienzo de la paz. Tener la certeza de que el Estado al que pertenecemos como ciudadanas no va a poner en venta la justicia. Se trata de la misma justicia que otras víctimas también imploran, salvando las distancias, en Chile o Argentina, en Guatemala o en Kosovo. Solamente esa justicia traerá la paz que hará que nuestras vidas puedan continuar sin duelo. Si no es así, la banda terrorista ETA podrá terminar, pero ni la paz ni la reconciliación serán nunca posibles.



(*) Teresa y Lola Díaz Bada son hijas de Carlos Díaz Arcocha, asesinado por ETA el 7 de marzo de 1985.

Marimar Negro es hija de Alberto Negro, asesinado por ETA el día 17 de marzo de 1978.

Maite Negro es esposa de Txema Aguirre, asesinado por ETA el 14 de octubre de 1997.

Ana Uriarte Garay es hija de Luis María Uriarte, asesinado por ETA el 29 de septiembre de 1979.