El día 29 de marzo todo el profesorado de la UPV-EHU protagonizó una huelga, convocado por la totalidad de los sindicatos de la Universidad, que, por su seguimiento, podría calificarse de histórica. Seguramente, este hecho habrá sorprendido a la sociedad vasca, poco conocedora de su máxima institución educativa. Por ello merece la pena hacer algunas consideraciones al respecto.

Los motivos que nos han movido a los sindicatos convocantes, la totalidad de los que tenemos presencia en nuestra Universidad, tienen que ver con reivindicaciones salariales y con el derecho a la negociación colectiva, es decir, a negociar nuestras retribuciones. Pedimos un incremento salarial generalizado para todo el profesorado de la UPV-EHU y fijamos una cantidad de referencia de 6.000 euros anuales, cantidad que no llega a cubrir la diferencia entre nuestros sueldos y los del personal de la Administración pública vasca. Ésta puede ser la primera sorpresa para cualquier persona ajena a la Universidad de nuestra comunidad autónoma. Nuestros salarios son, en muchos casos, menores que los de un profesor o profesora de enseñanza media. Comparativamente y teniendo en cuenta que somos responsables de la enseñanza superior, somos el profesorado peor pagado.

En el año 2000 se puso en marcha un sistema de complementos individuales. La realidad es que fue una solución fallida para paliar un problema sentido en la comunidad universitaria: el de nuestras retribuciones. Los complementos los cobran actualmente unos 1.800 profesores de los, aproximadamente, 4.000 con que cuenta la UPV-EHU. Es decir la mayoría están excluidos, su distribución es muy desigual, sólo pocas personas cobran más de los 6.000 euros que reclamamos como incremento y éstas son las profesoras y los profesores más antiguos y con mayor rango académico. Resulta una broma que la Administración se niegue a abordar el problema de los salarios del profesorado porque muy pocos profesores y profesoras, quienes tienen casi 30 años de antigüedad y con un currículum muy extenso, han incrementado su retribución significativamente. Eso no resuelve la situación, máxime teniendo en cuenta que a los trabajadores públicos vascos, para ganar un sueldo superior, nadie les exige méritos semejantes.

Existe un equívoco, socialmente difundido por la Administración, que, en su opinión justifica este estado de cosas. Es el de la situación privilegiada del profesorado universitario. Se basa en que nuestras obligaciones docentes son reducidas y, por tanto, trabajamos poco. La carga docente adjudicada al profesorado a tiempo completo oscila entre 8 y 12 horas semanales, según se sea doctor o no. Además tenemos la obligación de permanecer a disposición del alumnado durante un tiempo semanal similar. Puede parecer que esto es poco tiempo de trabajo, ciertamente podríamos impartir más de 20 horas semanales, pero entonces la Universidad sería un instituto o una escuela de primaria. La enseñanza universitaria es el nivel más alto del sistema educativo y la exigencia para realizar la actividad docente es mucho mayor, por ello ninguna universidad del mundo tiene dedicaciones docentes tan altas; las nuestras, teniendo en cuenta la media europea, son ya bastante altas. Hay que añadir que la muy inmensa mayoría cumple con sus obligaciones, no hay, salvo excepciones muy residuales, incumplimientos. Por otra parte, nuestras obligaciones no son sólo docentes, la actividad investigadora e, incluso, la propia gestión, son parte relevante de nuestra función. Quien conozca la Universidad sabe de la presión académica que impone la carrera universitaria y que ésta es un largo recorrido donde la acumulación de méritos es una exigencia intensa. El resultado es que, en la mayoría de los casos, el esfuerzo que se realiza es fuerte. Nuestras vacaciones son de un mes y nuestras jornadas son largas habitualmente, es decir, trabajamos bastante y con un rendimiento medio aceptable. Sin embargo, la respuesta salarial es insultante, constituye, comparativamente hablando, un agravio. Hacemos realidad el mito del maestro de escuela. Ahora el maestro de escuela somos nosotros.

La respuesta frente a esta reivindicación por parte de la Administración es simplemente desoírla. El Gobierno Vasco nos ha hecho saber que su intención es aprobar un decreto sobre complementos retributivos individuales para el profesorado de la UPV-EHU, que sigue excluyendo a una parte importante del profesorado de la Universidad, y la cantidad que piensa destinar a este fin no llega para generalizar una subida salarial digna. El decreto con el que nos amenazan perjudica a todo el profesorado de nuestra Universidad, a unos los excluye, a otros sólo les posibilita un incremento residual, insuficiente, y a otros no se sabe si les bajará el sueldo, pues la cantidad real a percibir no depende de los méritos, sino de las disponibilidades presupuestarias y éstas son insuficientes.

Posiblemente lo más desilusionante sea la respuesta del Rectorado de la UPV-EHU, sobre todo porque éste sí conoce nuestra realidad. El decreto con el que nos amenazan dicen que está negociado entre el Rectorado y la Consejería de Educación, excluyendo a los sindicatos, como si los sindicatos, en materia salarial, no tuviéramos nada que decir, como si las retribuciones no fueran cosa nuestra. Nos niegan el derecho a la negociación colectiva. El resultado es acrecentar el descontento de los docentes universitarios, instaurar un estado de insatisfacción y de desánimo que sólo puede repercutir negativamente en la propia Universidad.

Lo que pedimos no sólo no es ninguna exageración, sino que tampoco es una excepción. La mayoría de las universidades del resto de comunidades autónomas tienen sistemas salariales que palían las insuficiencias del sistema retributivo común, del Ministerio de Educación, con resultados más satisfactorios desde el punto de vista salarial y distributivo. El Rectorado, en su declaración ante la huelga del 29 de marzo, insiste en que el decreto ha sido negociado con los sindicatos. Por nuestra parte, negamos esta afirmación. No compartimos y nos parece insostenible la afirmación del Rectorado de que, si se paraliza el decreto, se paralizaría toda la solución al problema salarial del profesorado.

Como consecuencia del éxito de la huelga convocada, la Consejería de Educación nos convocó a una reunión, el día 27 de abril, a la que también asistió el Rectorado de la Universidad. La reunión resultó un fracaso. Fue imposible abrir la negociación, tanto el Gobierno Vasco como el Rectorado mantuvieron sus posiciones sin moverlas un ápice impidiendo cualquier acercamiento. Como siempre ocurre, cuando se quiere imponer una postura, se echa la culpa al otro; así, sorprendentemente, la Consejería nos ha acusado de maximalistas. Sólo las personas asistentes a la reunión sabemos realmente lo que pasó, pero si alguien hubiera podido presenciarla estaría sorprendido de la acusación y resultaría evidente su sinrazón.

Los sindicatos solo teníamos la pretensión de abrir la negociación, sin la amenaza del decreto, y que las administraciones fueran conscientes de que había que incrementar las cantidades de dinero que se destinan a las retribuciones del profesorado, sin embargo la respuesta que obtuvimos fue «no a todo». Por lo visto a eso llama la Consejería intransigencia o maximalismo de los sindicatos de la Universidad. Por ello, nos hemos visto obligados a convocar una nueva huelga para los días 15 y 16 de mayo, con la esperanza que la firmeza y unanimidad de nuestra respuesta les haga entrar en razón. Los días elegidos no comprometen los exámenes y no afectan gravemente al alumnado, lo hacemos por responsabilidad para evitar males mayores, para manifestar un malestar universitario que ya es incontenible. Esperamos que la respuesta no sea, otra vez sostenella y no enmendalla, mantenerse en sus trece, ello sería una irresponsabilidad que podría acarrear consecuencias graves a las alturas de curso en las que nos encontramos, pero sólo la Consejería y el Rectorado son responsables de lo que pudiera pasar.

Resulta paradójico que precisamente ahora, cuando se está abordando la adaptación de la UPV-EHU a las exigencias del Sistema Universitario Europeo, lo que coloquialmente llamamos acuerdos de Bolonia, que va a exigir un mayor esfuerzo por parte de todos, la respuesta sea la de marginarnos, perpetuando una situación salarial inaceptable e insostenible. La Administración vasca pretende que la reforma de Bolonia se haga a coste cero, aunque, eso sí, exigiéndonos a nosotros el esfuerzo.

La sociedad del conocimiento, que tanto llena la boca a nuestros políticos, descansa fundamentalmente en la Universidad y marginar a los profesores y profesoras, su verdadero capital, es la peor forma de construirla.



(*) Gonzalo Maestro (CC OO), Josetxo Aizpurua (LAB), Arantza Urkaregi (STEE-EILAS), Gorka Bueno (ELA) y Fernando Leria (CSI-CSIF).