El presidente de la Generalitat optó ayer por la destitución de los consejeros pertenecientes a ERC después de que dicho partido permitiera con su abstención la aprobación del Estatut por el Senado mientras promovía el voto negativo en el referéndum convocado para el 18 de junio en Cataluña. El pacto que le permitió acceder a la presidencia ha acabado sucumbiendo en una crisis tan estrepitosa como inevitable. La tardía y renuente decisión de Maragall ha demostrado que trataba de preservar a todo trance la integridad de una coalición que ya no era tal. Su fracaso no es sólo el reflejo de la incapacidad mostrada por ERC para asumir su posición de gobierno. Expresa también la incapacidad del PSC para liderar y administrar la oportunidad que dicha coalición le brindó hace treinta meses.

El Gobierno de la Generalitat no podía continuar albergando en su seno a un partido que llama a los catalanes a decir no al Estatut. Pero, aun siendo la renuncia al tripartito una medida imprescindible para afrontar tan comprometido referéndum, está claro que un desenlace así afecta negativamente a la solvencia con la que la Generalitat puede requerir de los ciudadanos un comportamiento responsable del que sus gestores no han hecho gala. Tras las elecciones de noviembre de 2003 la coalición PSC-ERC-ICV se presentó como el polo alternativo a la etapa pujolista. Uno de sus compromisos fundamentales fue lograr lo que Jordi Pujol ni siquiera había intentado: superar los límites del Estatuto de Sau. El esfuerzo en ese terreno no sólo ha lastrado u ocultado la acción ordinaria de gobierno, ha acabado con la alianza que pretendía ofrecer una lección histórica de catalanismo consecuente. Su quiebra supone la demostración de que el tripartito no ha cuajado ni política ni socialmente como alternativa al modelo de Pujol. Si aquel modelo pareció agotarse y condujo a la alternancia, sus sustitutos están abonando el terreno para el retorno de los herederos de Pujol a la Generalitat en las elecciones que se celebrarán antes de fin de año. Durante meses, la revisión autonómica en España se ha mantenido a la espera de que el Estatut mostrara su definitivo contenido jurídico. Pero en la medida en que esa clarificación se ha dado simultáneamente al enésimo episodio del caos político en que se mueven sus promotores, la iniciativa catalana, que Maragall había pretendido situar a la cabeza de una reforma federalista de España, ha acabado perdiendo peso en el marco general de la política española. Es de desear que la contienda política en Cataluña y el resultado del referéndum del 18 de junio no repercutan negativamente en el debate abierto respecto al futuro de la España de las autonomías.