El Círculo de Empresarios Vascos reclamó ayer a las administraciones y los partidos un acuerdo que evite la judicialización del Concierto y la zozobra fiscal de las empresas, al tiempo que pidió respeto para lo que calificó como «la piedra angular del autogobierno». A juicio de esa entidad, la nueva suspensión cautelar de las normas forales que fijaban el tipo del Impuesto de Sociedades constituye «una decisión judicial de extrema gravedad para la seguridad jurídica de una actividad empresarial que precisa habitualmente para su desarrollo de certidumbres legales y estabilidad fiscal».

Las cámaras de comercio de Gipuzkoa y Álava también señalaron el perjuicio que ocasiona una situación de inestabilidad jurídica permanente, como la que se ha planteado desde principios de 2005, al tiempo que consideraron «extraordinariamente restrictivo» el criterio mantenido por los tribunales de justicia.

El Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, por su parte, negó ayer que el Concierto sea un «privilegio fiscal o financiero, ni un sistema regional de ayudas o subvenciones, como desafortunadamente en tantas ocasiones se suele pretender». El Ejecutivo hizo un llamamiento a todas las instituciones y poderes públicos a quienes concierne la aplicación de esta norma para que «lo reconozcan y lo asuman como lo que es, un sistema tributario propio de Euskadi», y reiteró que este instrumento está «configurado como tal en el ordenamiento jurídico vigente».