BRUSELAS. La Comisión Europea subrayó ayer ante el Tribunal de Justicia de la UE que España ha incumplido su obligación de recuperar las ayudas concedidas a empresas en el marco de las conocidas como vacaciones fiscales vascas o que, al menos, no comunicó a Bruselas las medidas adoptadas para hacerlo. Los abogados del Ejecutivo comunitario hicieron esta acusación durante la vista que la Corte europea celebró ayer sobre los recursos de la Comisión por el incumplimiento de España de su orden de recuperar las ayudas fiscales ilegales a empresas por establecerse en las tres provincias vascas. El juicio quedó visto para sentencia y se cree que el TEJ se pronunciará en seis meses.

Los representantes legales del Estado español solicitaron al Tribunal que suspenda el procedimiento hasta que dicte sentencia el Tribunal de Primera Instancia de la UE, ante el que las administraciones vascas y la patronal vasca (Confebask) recurrieron la decisión de la Comisión de declarar ilegales las ayudas.

El caso se remonta a 1999, cuando Bruselas abrió varios procedimientos a España por los sistemas de ayudas a la inversión en Álava, Gipuzkoa y Vizcaya que establecían, por un lado, créditos fiscales del 45% y, por otro, reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades para empresas de nueva creación.

En 2001, la Comisión concluyó que dichos sistemas eran ayudas estatales ilegales, incompatibles con el mercado interior, y conminó a España a poner fin al sistema y tomar las medidas necesarias para recuperar las ayudas entregadas, de las que debía informar a Bruselas en el plazo de dos meses (antes del 13 de septiembre de 2001).

Según la Comisión, ese plazo expiró sin recibir información de Madrid y, por ello, acabó denunciando a España ante el tribunal en noviembre de 2003.

Respuesta del Gobierno

Por su parte, el Gobierno español sostiene que el plazo dado por la Comisión para informar de las medidas adoptadas no finalizó el 13 de septiembre de 2001, sino el 8 de octubre de 2002, debido a que las partes intercambiaron escritos a lo largo de 2002 para clarificar la situación.

Hace hincapié en que, hasta la fecha, la Comisión no ha aclarado si los proyectos de inversión beneficiados por los incentivos fiscales podían encuadrarse en el marco de ayudas de Estado de finalidad regional, con lo que cabría la posibilidad de no recuperar todo o parte de su montante.

Reseña, además, que cuando el Ejecutivo de la UE presentó la denuncia ante el Tribunal de la UE Madrid ya había iniciado las actuaciones necesarias para cumplir las decisiones y las había comunicado a la Comisión en 2001 y 2002.

El asunto quedó visto para sentencia, cuyo tribunal se pronunciará dentro de medio año, aproximadamente. Si España es condenada, el tribunal le exigirá que cumpla la decisión comunitaria en los términos establecidos.

Si no lo hace, la Comisión podría entablar un nuevo pleito ante la Corte, que llevaría incorporada, en este caso, una demanda de imposición de sanciones, al amparo de lo dispuesto por la legislación en vigor. EFE