SAN SEBASTIÁN/BILBAO. DV. Los diputados generales de Gipuzkoa y de Vizcaya echaron ayer un poco más de gasolina al incendio que rodea al Impuesto de Sociedades del País Vasco. Ambos aseguraron que el auto dictado el miércoles por el Tribunal Superior de Justicia en el que suspende de nuevo ese tributo de forma cautelar tiene una raíz política, y acusaron a un sector de los jueces de aliarse con el PP para derribar el autogobierno vasco.

Joxe Joan González de Txabarri denunció ayer en San Sebastián que «hay determinados segmentos judiciales empeñados en poner lastre al desarrollo normativo», tanto en materia tributaria como de carreteras. Y detrás de estas resoluciones, aseguró, «está permanentemente el PP, en algunos casos desde responsabilidades político institucionales y, en otros casos, en segmentos judiciales determinados». «El factor común de todos los agentes que están poniendo lastre al desarrollo social y económico del país lleva las siglas del PP», aseguró para anunciar después que la Diputación de Gipuzkoa presentará formalmente el recurso correspondiente contra la última resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Por su parte, José Luis Bilbao manifestó que «un sector de la judicatura, en alianza estratégica con el PP, está actuando como brazo ejecutor para derribar el autogobierno». Y lo proclamó en dos ocasiones tras asistir a un acto institucional para conmemorar los 25 años de vigencia del Concierto Económico. El responsable foral vizcaíno pronunció esas palabras a tan sólo unos metros del lugar donde se encontraban el presidente de la Sala de lo Contencioso, Juan Luis Ibarra, y la fiscal jefe, María Angeles Montes.

Según el dirigente nacionalista, la sentencia por la que el Supremo declaró ilegal el tipo de gravamen del 32,5%, y que ha generado una auténtica maraña de recursos y autos judiciales, «supuso la quiebra del principio básico de bilateralidad» entre las instituciones vascas y el Estado que recoge el Concierto. Aquella resolución, conocida a principios del pasado año, se basaba en que la fiscalidad aplicada a las empresas vascas era inferior a la vigente en el resto de España -el 35%- y constituía una ayuda de Estado. En su opinión, los fallos contra el Impuesto de Sociedades -el último considera que el 32,6% aprobado en diciembre incumple el veredicto del Alto Tribunal- no son un hecho aislado, sino que forman parte de la misma estrategia política que «las sentencias sobre la opa de Endesa, la autopista A-8 (el pago de peajes) o el tráfico de camiones».

Hablar y hacer

Bilbao lanzó también un mensaje muy crítico hacia los responsables de su partido y del tripartito por el olvido en el que han dejado la iniciativa de la Diputación vizcaína ante el Parlamento Vasco para iniciar el blindaje de las normas forales. «Hace siete meses que comparecí en el Parlamento para presentarla y al día de hoy no tenemos ni noticia de que se ha hecho», lamentó. «Todo el mundo dice que hay que blindar la normas, pero además de hablar hay que hacer».

La reacción no se hizo esperar. Los dos vocales del Consejo del Poder Judicial para el País Vasco, Juan Pablo González y Javier Martínez-Lázaro, exigieron una rectificación a Bilbao al entender que sus declaraciones pueden constituir un delito. «Si no se produce esta rectificación -apuntó González, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)-, debería intervenir de forma contundente la Fiscalía General del Estado». Martínez Lázaro, representante de Jueces para la Democracia, pidió al responsable foral que respete «las reglas del Estado de Derecho y los mínimos exigibles de la democracia».

El portavoz del PP en el País Vasco, Leopoldo Barreda, rechazó las acusaciones de Bilbao, recordó que su partido aprobó el Concierto Económico y lo defiende, e ironizó sobre el «fino olfato judicial de Bilbao, que en cualquier terreno que pisa pierde, como en el caso Azpiegitura y otras muchas sentencias en materia de función pública».