MADRID. El Gobierno y las comunidades autónomas se pusieron de acuerdo ayer en que es indispensable reformar la actual legislación sobre la inversión en bienes tangibles, a fin de evitar un nuevo fraude masivo como el supuestamente protagonizado por Afinsa y Fórum Filatélico.

Sin embargo, en el encuentro que ayer reunió en Madrid a los responsables de Consumo del Ministerio de Sanidad y sus homólogos autonómicos no todo fue sintonía. Varias comunidades, la mayoría del PP y también algunas del PSOE, se quejaron de que el Ejecutivo central se ha precipitado al asegurar que eran las autoridades regionales las responsables de haber controlado las sospechosas actividades de las dos sociedades filatélicas intervenidas por la Audiencia Nacional.

El subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, afirmó que hay un acuerdo «mayoritario» para encarar una reforma legislativa, que buscará «más transparencia, información y garantías» para los pequeños ahorradores que se decantan por invertir fuera de los círculos bancarios y bursátiles. Según participantes en la reunión, que se prolongó cinco horas, el Ejecutivo estudia modificar la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva al efecto de considerar a los sellos, monedas y billetes, antigüedades y obras de arte en general como una suerte de activos financieros.

Asesorar a los afectados

Puig de la Bellacasa, no obstante, dejó un mensaje muy claro a los 350.000 inversores supuestamente estafados por las dos sociedades: una reforma de la actual legislación no solucionará en modo alguno el problema de los afectados. Por ello, el ministerio y las comunidades se limitaron a acordar que su prioridad debe ser asesorar a los damnificados y ayudarles a encontrar la mejor defensa letrada -en realidad, les remitirán a las asociaciones de consumidores-, además de poner en marcha varias campañas para dar a conocer números de teléfonos y direcciones útiles para los clientes de Fórum Filatélico y Afinsa.

El Ejecutivo está convencido de la necesidad de reformar de manera urgente la legislación y de dar garantías a los inversores en bienes tangibles, pero no parece dispuesto a crear un fondo de compensación para aquellos ciudadanos que meten sus ahorros en operaciones de alto riesgo.

El vicepresidente segundo del Ejecutivo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, descartó esta medida tras defender que «no es lógico» que el Estado «cree fondos para cualquier actividad privada que no obtenga los resultados esperados». Solbes aclaró que esta negativa es compatible con ayudar a los damnificados de Afinsa y Forum.

También los técnicos del Ejecutivo se oponen a la creación de un fondo para estas inversiones, ya que ven estas operaciones como «una actividad especulativa de alto riesgo». COLPISA