BILBAO. La organización de usuarios y consumidores vasca, EKA, recomendó ayer a los cerca de 20.000 clientes vascos de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa actuar con «cautela y no precipitarse» iniciando procesos judiciales, hasta que se conozcan más datos que confirmen el posible fraude.

La Unión de Consumidores de Gipuzkoa informó a los afectados que podrán acudir a las oficinas municipales de información al consumidor de su localidad.

El responsable del servicio jurídico de EKA , Iñaki Velasco, compareció ante los medios en Bilbao para aclarar que, «de momento, lo único confirmado» es que se han iniciado dos procedimientos para investigar supuestas irregularidades de ambas sociedades de inversión, pero «desconoceremos los delitos que se les imputan hasta que la Audiencia determine definitivamente los delitos que se imputan y a quién se imputan».

Por ello, pidió a los afectados en el País Vasco «que aguarden hasta tener más datos y no se dejen llevar por la angustia del momento», ya que hasta la fecha han cobrado de esas empresas con normalidad, no se han producido impagos de cuotas o préstamos y las asociaciones de consumidores, «por ahora, no tenemos ningún hecho constatado de haga suponer una estafa».

Sin embargo, en caso de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el posible fraude, la EKA les mantendría informados y les ofrecería asesoramiento jurídico para tramitar posibles denuncias, anunció.

Asimismo, EKA convocará una asamblea para detallar a los afectados en el País Vasco, que podrían llegar a alcanzar los 20.000, las imputaciones y la trascendencia del presunto fraude. Según dijo Velasco, «todo pinta a que este asunto se va a convertir en la crisis más importante del ámbito del consumo de los últimos años».

Insistió en que la estafa alcanzaría a familias enteras y grupos de amigos, ya que en la mayoría de los casos la noticia sobre la oportunidad de invertir en ambas sociedades «corría de boca en boca». Afinsa y Fórum Filatélico tienen oficinas en las capitales vascas y también agentes comerciales que actuaban desde asesorías o corredurías de seguros en otros municipios. La presidenta de EKA, Berta García, opinó que los afectados «han sido auténticas víctimas», por carecer de información sobre las operaciones que iniciaban. EFE