MADRID. La nueva Ley de Reproducción Asistida es ya una realidad, a falta sólo de la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado. El pleno del Congreso aprobó definitivamente la norma y la devolvió a sus cauces originales, sin los cambios introducidos por el PP a su paso por el Senado gracias a la mayoría de que dispone en la Cámara Alta. La ley elimina los antiguos límites al número de ovocitos fecundables en las reproducciones in vitro, levanta las trabas a la investigación biomédica con embriones desechables y, sobre todo, autoriza la selección genética de embriones sanos con fines terapéuticos. Hasta ahora sólo se autorizaba la selección genética preventiva para evitar futuras enfermedades hereditarias graves al bebé.

Sólo el PP se opuso a esta ley, que esperaban como agua de mayo unas 150 familias españolas con hijos aquejados de graves enfermedades de raíz hereditaria. La nueva normativa da vía libre al diagnóstico preimplantacional y la selección entre varios preembriones in vitro de uno libre de taras transmisibles para dar a luz un niño medicina, futuro donante hacia un hermano afectado de leucemia, aplasia medular, anemia de Fanconi u otras enfermedades hereditarias. Las parejas en esta situación podrán remitir ya sus solicitudes a las autoridades sanitarias de su región.

Será siempre un procedimiento excepcional. Cada caso se estudiará de forma individual, «con lupa», por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida -organismo científico-ético consultivo del Gobierno- y deberá contar con permiso expreso de la consejería autonómica. Cualquier otro tipo de selección genética, racial o de sexo, la llamada clonación reproductiva, queda prohibida en esta ley y lo estará también en la futura Ley de Investigaciones Biomédicas.

Una vez votada y aprobada, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, lamentó el rechazo de los populares a una ley «garantista» y «abierta al futuro», que evitará que muchas familias españolas tengan que buscar en el extranjero soluciones para salvar a un vástago enfermo, y facilitará la llegada gradual y controlada de técnicas experimentales fruto de avances científicos venideros.

El texto se libera de los corsés impuestos por el anterior gobierno del PP en 2003 al actualizar la primera ley de Reproducción Asistida (1988). Ya no se limitarán a tres los ovocitos fecundables en cada ciclo in vitro, que el PP marcó en su día para atajar la acumulación de embriones sobrantes en las clínicas especializadas. Ahora queda a criterio médico el número de ovocitos que se fecundan para asegurar las mayores posibilidades de embarazo y evitar repetir ciclos de fecundación, riesgos y molestias a la paciente. En todo caso, antes y ahora, sólo se le podrán implantar a la mujer un número máximo de tres embriones.

Embriones sobrantes

Otro límite que desaparece es el de la investigación con embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida. Se permitía el uso científico de los embriones viejos congelados hasta la entrada en vigor de la ley en 2003 pero no los posteriores. Ahora serán los padres los que decidan en un documento firmado. Podrán crioconservarlos en la clínica para su propio uso; donarlos con fines reproductivos a otras parejas o mujeres candidatas; pedir que se destruyan a los cinco años preceptivos; o cederlos a la ciencia biomédica para derivar líneas de células madre embrionarias.

La ley define el concepto de preembrión -el estadio de desarrollo celular en que los óvulos fecundados se utilizan en reproducción asistida- como el embrión in vitro formado por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde su fecundación hasta 14 días más tarde. Prohíbe de manera expresa las madres de alquiler. Al no ser una técnica de reproducción, la llamada clonación terapéutica o transferencia nuclear -implantar el núcleo de una célula en un óvulo donado y enucleado para generar células madre como fuente de tejidos en trasplantes- será regulada en la futura ley de Investigación Biomédica.

Salvo el PP, todos los grupos saludaron la ley como una respuesta a las necesidades de la sociedad. La Conferencia Episcopal y grupos 'pro vida' conservadores han manifestado su rechazo a la norma.COLPISA