SAN SEBASTIÁN. DV. El Gobierno central comienza a acompañar su discurso conciliador ante el Ejecutivo tripartito vasco con un lenguaje cada vez más directo al referirse a la última propuesta del lehendakari Juan José Ibarretxe que contempla someter a consulta un futuro acuerdo político antes de ser negociado un eventual proyecto de nuevo Estatuto en las Cortes Generales.

Este último anuncio volvió a ser replicado de inmediato por el delegado del Gobierno central, Paulino Luesma, que expresó su preocupación por la actitud de Ibarretxe «al margen del ordenamiento jurídico». Luesma recordó que los derechos históricos a los que hace referencia el lehendakari «tienen vigencia porque así lo dispuso la Constitución» y «no porque emanen de un tiempo remoto en el que, por cierto, la democracia no era el sistema político imperante».

El delegado del Gobierno central recordó que para reformar el Estatuto de Autonomía hay que pasar por el Parlamento Vasco, el Congreso y un referéndum. «La repetición de una ensoñación no se convierte en norma jurídica y tan sólo sirve para confundir a los ciudadanos», recalcó el representante del Ejecutivo central. En su opinión, «los vascos llevan ejerciendo su derecho a decisión libre y democráticamente desde 1977».

A su vez, consciente de que la batalla ideológica que se avecina en los próximos meses va a ser peliaguda, el socialismo vasco comienza a marcar su territorio de partida ante la estrategia que intuye en el mundo nacionalista. El portavoz de la ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, advirtió ayer que el lehendakari no puede «imponer su calendario y sus reivindicaciones particulares» porque, con esta actitud, hará «imposible» el diálogo entre los partidos. Asimismo, criticó que los planteamientos de Ibarretxe sobre la soberanía y la consulta están hechos «más en claves de pasado y personal, que en perspectiva institucional».

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar la Fiesta de la Rosa, el portavoz de los socialistas vascos consideró que Ibarretxe «tiene que asumir definitivamente la responsabilidad institucional de respetar las reglas de juego y las leyes y no amenazar con saltárselas».