MADRID. El Gobierno anunció ayer que, a corto plazo, aumentará los controles sobre las sociedades cuyo negocio es invertir en el sector de bienes tangibles. Para ello, modificará la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva al efecto de incluirlas en esta categoría, lo que supondría considerar a los sellos, monedas y billetes, antigüedades y obras de arte en general como activos financieros. Y aquí viene el problema, porque los expertos se oponen a esa medida ya que ven estas operaciones como «una actividad especulativa de alto riesgo», mientras que los consumidores sí apoyan esa extensión de la normativa para tener una seguridad mayor.
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero quiso transmitir ayer «un mensaje de confianza y tranquilidad» a los clientes de Fórum Filatélico y Afinsa, a quienes dijo que «la justicia y todas las administraciones públicas trabajan para garantizar al máximo los derechos e intereses de los inversores». En este sentido, avanzó que será la Audiencia Nacional la que determine «el alcance de la estafa», junto a «la capacidad de solvencia» de estas empresas, «que resultarán determinantes para los ahorradores» de cara a la posible recuperación de parte de su dinero.
La directora general de Consumo, Ángeles Heras, confirmó que el Ministerio de Economía y Hacienda «trabaja ya» en ver cómo se pueden regular los bienes tangibles como productos financieros. Hasta ahora, sólo se hacía, en parte, a través de una mera disposición adicional de apenas tres folios de extensión y de la normativa general sobre bienes de consumo, que han resultado insuficientes. Entre las pocas obligaciones de esas sociedades están la de auditar sus cuentas anuales, ofrecer esta información a sus clientes, con los que deben tener un contrato escrito, y remitir también una copia a las autoridades administrativas.
Los jueces de lo mercantil coinciden con la idea del Ejecutivo. Consideran que esas empresas actúan como entidades financieras, pero escapan de este mismo control al inscribirse como sociedades mercantiles normales dedicadas a la compraventa.
Sin embargo, los asesores financieros no ven clara esa incorporación de los bienes tangibles al mercado financiero. Entienden que la filatelia es «una opción de coleccionismo o un hobby, pero no una opción de inversión asegurada». Las asociaciones de consumidores, por el contrario, opinan que la inversión en sellos debe ser tipificada como una actividad financiera más.
Hoy hay dos reuniones oficiales para tratar el caso de Fórum Filatélico y Afinsa, en las que se podrían abordar estas cuestiones. Por un lado, el Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha convocado a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial, de la que espera obtener una respuesta común para ayudar a los afectados por el presunto fraude.
Por otro, las principales asociaciones del sector se reunirán en el Consejo de Consumidores y Usuarios para tratar de unificar criterios sobre las iniciativas administrativas y jurídicas que se pueden adoptar en este momento.
«No dejarlos tirados»
Mariano Rajoy exigió al Gobierno que «no deje tirados» a los inversores y tome medidas. El líder de la oposición indicó que la situación podría haberse evitado si el Ejecutivo hubiera desarrollado la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobada en febrero de 2004.
El presidente del PP consideró «muy grave» que el Gobierno se inhiba de la presunta estafa. Rajoy apuntó que eso es lo que trató de hacer este martes el secretario de Comunicación, Fernando Moraleda, cuando dijo que el Ejecutivo no tenía «nada que ver». COLPISA