EL fallo judicial dictado por la Audiencia Provincial de Madrid en el que se condena a tres policías por los delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones tras los incidentes registrados en la manifestación de víctimas del terrorismo, en la que el entonces ministro de Defensa fue insultado y zarandeado por un grupo de exaltados, supone una expresión del Estado de Derecho y también un serio aviso sobre los peligros de instrumentalizar las instituciones para fines partidistas. La sentencia concluye que, estando justificada la citación a declarar de los dos militantes del PP, «disponer que fueran detenidos tan pronto llegaron a la Brigada», a la que se dirigieron voluntariamente, «carece de justificación de clase alguna y aparece como inmotivada, arbitraria y abusiva». Y lo es también políticamente porque los delitos cometidos no deben separarse del momento político en el que se produjeron.

Prueba de que los hechos políticos no pueden separarse de los penales es que la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid se ha producido horas después de conocerse la sentencia, que -conviene recordar- es recurrible en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La propia posición del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que proclamó la ausencia de todo delito y pidió la absolución de los policías imputados, quedaría también muy en entredicho si se llegase a ratificar la sentencia.

La independencia del Poder Judicial es el elemento nuclear del Estado de Derecho. Y en un momento en el que están en marcha reformas que pueden afectar seriamente a la justicia, sentencias como la dictada ayer, en la que se defiende la libertad individual frente a los abusos del poder, reafirman la necesidad de alcanzar un amplio consenso político en cualquier reforma relativa al tercer poder del Estado.