VITORIA. El Gobierno Vasco defendió ayer la «eficacia» de los juicios rápidos para perseguir delitos menores aunque admitió que este procedimiento no funciona de manera adecuada en los asuntos de violencia doméstica por la «complejidad» de sus trámites.

La directora de Relaciones con la Administración del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, Inmaculada de Miguel, realizó un balance del funcionamiento de la ley que regula el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Según De Miguel, transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor de la citada ley, ésta se ha revelado «eficaz» para la persecución de delitos menores, como los referidos contra la seguridad del tráfico por consumo de alcohol, lesiones, robos y hurtos.

De Miguel citó datos de la Memoria del Observatorio Vasco de Justicia 2005 y admitió que «las cifras no reflejan el mismo grado de satisfacción al abordar otro tipo de asuntos, como el de la violencia doméstica». A su juicio, el motivo por el cual la ley que regula los juicios rápidos «no se ha mostrado adecuada en la tramitación de los asuntos relacionados con la violencia doméstica», es debido «a la mayor complejidad de sus trámites y de la prueba pericial».

En aumento

Según De Miguel, en el caso de los delitos, la incidencia de los juicios rápidos en el conjunto de los asuntos penales ingresados en los órganos judiciales va en aumento, éstos pasan de representar el 8,7% en 2004 a ser el 9,6% de los asuntos en 2005.

En los procesos por faltas llevados a cabo por procedimiento judicial rápido, la incidencia se mantiene en el 15% aunque desciende el número de faltas rápidas que llegan al juzgado en el último año, en un 6,29%.

Para que un asunto se tramite de forma inmediata, la norma exige que el delito sea flagrante, que la policía haya detenido o citado al denunciado, y que se puedan practicar todas las diligencias necesarias en breve espacio de tiempo, recordó.

En la práctica, agregó, «los plazos para estos juicios están supeditados al sistema de guardia del propio Juzgado, pudiendo oscilar entre las 24 horas, en el caso de Bilbao, o una semana, en la generalidad de los casos del resto de Juzgados de Instrucción». Justicia destina anualmente más de un millón de euros para mantener el sistema de juicios rápidos. EFE