VITORIA. DV. El PNV registró ayer una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno central a que garantice una asistencia jurídica de «calidad, gratuita y de capacidad suficiente» a los presos españoles acusados o condenados a pena de muerte en el extranjero y sufrague los gastos que puedan derivarse de los recursos una vez se encuentren en el corredor de la muerte. La iniciativa presentada por el diputado nacionalista Emilio Olabarria hace mención a la situación que viven Pablo Ibar, Francisco Larrañaga, y Nabil Manakli, los tres españoles condenados a pena de muerte que, actualmente, cumplen condena en las cárceles de Florida, Filipinas y Yemen.

El PNV justifica su petición en el artículo 24 de la Constitución, que reconoce el derecho a tener un proceso con todas las garantías, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, así como, en el artículo 119 que señala que la justicia será gratuita, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Pese a que en la actualidad existen una serie de medidas protectoras para los españoles acusados o en prisiones extranjeras, el diputado del PNV consideró que la actual normativa resulta «insatisfactoria» a la hora de defender el derecho a la vida de los españoles condenados en países extranjeros por delitos que conlleven la pena capital. «En muchos países los procesos judiciales y las garantías de un juicio justo pasan por la contratación de profesionales cuyos elevados honorarios no pueden ser sufragados por los acusados», señaló Olabarria, que citó como ejemplo al padre de Pablo Ibar, que con un sueldo de albañil debe afrontar los gastos judiciales para impedir que se ejecute la pena de muerte de su hijo.

Respecto a este caso, calificó de «paradigmática» la situación de Ibar que, según señaló, fue condenado a muerte después de que su abogado de oficio no se presentara al juicio por estar enfermo, como ha reconocido en distintas ocasiones. Asimismo, consideró que la situación de Francisco Larrañaga es «jurídicamente imprecisa», ya que aunque la presidenta de Filipinas dictó una medida de gracia, su situación procesal «es compleja».

Olabarria apeló a la coherencia del PSOE para que apoye la iniciativa por ser una copia de la proposición que presentaron los socialistas cuando el PP estaba en el Gobierno. De igual manera, anunció que su grupo presentará otra iniciativa para pedir que se modifique el artículo 15 de la Constitución, para abolir en todos los supuestos la pena de muerte ya que existe una salvedad para los tiempos de guerra.