BRUSELAS. DV. El Gobierno español y la Comisión Europea entraron ayer en un contencioso de muy largo alcance, a cuenta de las nuevas atribuciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) -la opa de E.ON por Endesa, a fin de cuentas-, que habrá de consumir años si antes no media acuerdo entre España y Alemania, y entre las partes en litigio, es decir entre Endesa, E.ON y Gas Natural.

La Comisión Europea comunicó ayer la apertura de un procedimiento de infracción contra España, por las atribuciones conferidas a la CNE por decreto en febrero, poco después de conocidas las intenciones del gigante alemán de la energía sobre la principal eléctrica española. Y le da un plazo de dos meses al Gobierno español para que modifique dicha norma o justifique de forma «suficiente» los cambios.

La Comisión Europea entiende que los cambios introducidos en las competencias atribuidas a la CNE constituyen una violación de las leyes del mercado interior. La autorización previa del regulador español para las operaciones de adquisición de capital superiores al 10%, en empresas que desempeñan una actividad regulada o que se encuentran sometidas a supervisión especial, vulnera, al decir de la Comisión Europea, los artículos 56 y 43 del Tratado, sobre libre circulación de capitales y sobre derecho de establecimiento.

Explicaciones

En consecuencia, la Comisión Europea ha reclamado formalmente de las autoridades españolas explicaciones sobre la disposición controvertida, bajo la forma de una Carta de Emplazamiento, a la que Madrid deberá dar respuesta en el plazo de dos meses. Es el primer paso del procedimiento de infracción. Irá seguido de un Dictamen Motivado en caso de que las explicaciones que el Gobierno dé a la Carta de Emplazamiento no satisfagan a las autoridades de la UE.

El Dictamen Motivado se emite cuando Bruselas ve confirmadas sus tesis sobre la situación de infracción de un Estado miembro y conlleva la exigencia de corrección. Si, aún así, el Estado implicado no se aviene a modificar el estado de cosas cuestionado, el asunto pasa al Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión Europea ha manifestado que los motivos por los cuales la CNE puede autorizar, condicionar o prohibir una toma de participación en el capital de las empresas del sector, «tienen un carácter vago e indeterminado, y dejan un amplio poder discrecional a las autoridades, que no está justificado».