SAN SEBASTIÁN. DV. Casi 9.000 familias que viven en Donostia recibieron durante el pasado año algún tipo de atención social, sea por su edad, situación económica o problemas personales. El presupuesto que baraja cada año el departamento municipal de Bienestar Social supera los veinte millones de euros con ocho unidades de base repartidas por los distintos barrios como puntos fundamentales a la hora de recabar información, solicitar ayudas o, incluso, exponer quejas.

El departamento está gestionado por la concejala Susana García Chueca, que destaca la labor del personal que trabaja en estos centros de servicios sociales.

Los mayores

Sólo en lo que se refiere al servicio de ayuda domiciliaria, adjudicado a la empresa Clece, fueron atendidas 1.740 personas, 594 de ellas como nuevas solicitudes. Casi el 19% procedían de la zona del Centro y la Parte Vieja, mientras que los porcentajes más bajos corresponden a Bidebieta-Herrera, con un 6% del total de los usuarios de un servicio que garantiza, sobre todo a personas mayores, el cuidado personal como mínimo y en su propio domicilio. La mayoría de los beneficiarios son mujeres, 1.430 frente a los 310 hombres.

Otro servicio destinado a los donostiarras de más edad es la tele alarma de la que disponen desde el año pasado 307 personas más, y, de nuevo, es la zona céntrica de la ciudad la que requiere de esta prestación. El novedoso programa de convivencia de estudiantes con personas mayores fue solicitado por once personas, más que los catorce universitarios que estaban interesados en esta iniciativa. Al final, siete hogares fueron los que cuajaron dentro de este programa en el que dos generaciones diferentes comparten vivienda.

Los mayores disponen también de otros servicios como las pequeñas reparaciones del hogar o la posibilidad de que, a falta de ascensor, dos personas ayuden al inválido a salir a la calle, pero ambas iniciativas están aún poco difundidas, acaban de ser puestas en marcha y García Chueca reconoció que aún no se tienen datos significativos.

Respecto a las familias de acogida, más conocidas cuando se trata de niños, también los mayores, con un grado de autonomía importante, pueden acogerse a un programa en el que pueden convivir con una familia y recibir cuidado y atención de calidad.

Susana García Chueca explica que la iniciativa es compleja porque se trata de personas que no se conocen y porque exige una cartera importante de familias de acogida. «Es un recurso social muy minoritario que sólo contó con tres usuarios durante todo el año 2005.

Más tradicionales son las viviendas de carácter social, sean apartamentos o pisos comunitarios como Berra en Altza, Txara II o Mons, con 111 personas alojadas en total. «A lo largo del pasado año se produjeron avances importantes en el plan conjunto que tenemos con la Diputación para prestar un servicio residencial mixto. Se trata de combinar lo que son centros de día y residencia (competencia foral) para dependientes, con apartamentos sociales para personas mayores autónomas».

El departamento de García Chueca, además, está empeñado en fomentar el asociacionismo entre los mayores y la autonomía de los hogares de jubilado, una red en plena renovación.

Ayudas económicas

Las ayudas de emergencia social (AES) se dirigen a aquellas familias que precisan aportaciones institucionales para cubrir necesidades básicas vinculadas con la vivienda, desde el arrendamiento a la compra de una lavadora o una estufa. O que tienen gastos médicos que no pueden pagar como unas gafas, una prótesis auditiva o la factura del dentista.

En total se distribuyeron más de 3,4 millones de euros entre las 2.296 familias que vieron concedida una de estas AES, lo que supone ayudas para 4.308 personas. Si son el Centro y la Parte Vieja los que reciben más ayudas cuando se trata de asistencia a mayores, es el centro de atención que cubre Gros y Egia el que en este apartado tuvo más casos, casi el 21% del total.

El pago del alquiler de una vivienda es el concepto que exige mayor desembolso institucional y la ayuda más solicitada.

La renta básica es la segunda prestación económica por importancia, una cantidad que reciben familias que carecen prácticamente de ingresos y que reciben cantidades similares al salario mínimo interprofesional. En total, este subsidio llegó a 2.632 familias de las que 681 presentaban su solicitud por primera vez. Se repartieron más de 7,5 millones de euros en función de los componentes de cada unidad convivencial y la ayuda supuso ingresos para un total de 5.181 personas.

Nuevamente, Gros y Egia están a la cabeza y suman entre ambas el 21% de los beneficiarios. Respecto a la edad de los cabezas de familia, el 67,2% mujeres, oscila entre los 25 y los 45 años, siempre con algún hijo a su cargo.