SAN SEBASTIÁN. DV. La junta de Gobierno Local aprobó ayer de un modo oficial el acuerdo alcanzado con la constructora Brues que permitirá que los 178 adjudicatarios de viviendas de protección oficial en Riberas de Loiola firmen las escrituras y reciban las llaves «con carácter inmediato», según informó el concejal de Urbanismo, Jorge Letamendía.

De este modo se resuelve el conflicto que se produjo cuando la constructora interpretó que los propietarios de los pisos debían pagar 1.219 euros por metro cuadrado de las viviendas protegidas, la cantidad establecida cuando recibió en el 2003 la calificación del Gobierno Vasco, y no los 1.021 euros fijados en el 2000, cuando Brues ganó el concurso.

Según explicó Letamendía, mientras los tribunales resuelven este conflicto los adjudicatarios de estos pisos podrán pagar lo establecido por el Ayuntamiento y entregar a través de un aval bancario la diferencia de dinero hasta la cifra que interpreta Brues que deben abonar.

Letamendía señaló que el consistorio -todos los donostiarras- se hará cargo del abono a las entidades de crédito de los gastos financieros de los avales que soliciten los propietarios.

Desde los adjudicatarios se informó a este periódico que dentro de dos semanas tendrán una reunión para informar de la situación creada. «Como es normal, entre 178 propietarios siempre hay gente despistada y que se pregunta en qué lío se ha metido. Vamos a explicar la situación, que no cambia con la de hace unos días, pero que supone el visto bueno formal del Ayuntamiento».

Los primeros inquilinos de Riberas de Loiola han firmado hasta ahora un precontrato con la empresa Brues y ahora acudirán ante el notario a formalizar las escrituras conforme a los precios fijados por la constructora. Diferentes entidades bancarias responderán por el aval y serán finalmente los tribunales quienes dentro de bastantes años -ocho, se comenta- decidirán a quien asiste la razón. Si los juristas se inclinan por Brues, los propietarios tendrán que pagar una media de 18.000 euros más por piso. En caso contrario quedarán libres de carga.

Letamendía se felicitó porque se haya llegado a una resolución del conflicto, que permitirá a los adjudicatarios entrar a vivir en sus casas en junio. Independientemente de la decisión, la realidad es que los favorecidos en el sorteo de los pisos no podían habitarlos, por estar pendiente desde noviembre la urbanización de la zona.