BILBAO. DV. El PSE aceptó ayer «estudiar» la oferta del PNV para cambiar el proyecto de Ley del Suelo, que consiste en construir más viviendas de 200.000 euros sin poner límites de ingresos al comprador y dedicar el 20% del suelo edificable a los pisos de alquiler para jóvenes. Los socialistas cambiaron su rechazo inicial y aseguraron estar abiertos a «cualquier mejora que abarate el precio del suelo y facilite el acceso a la vivienda», aunque pidieron al PNV que concrete sus ideas y le preguntaron por qué se pronuncia ahora, «después de dos años de debate».

La reacción del PSE se produjo después de que el PNV asegurara a sus socios en el Gobierno tripartito -Eusko Alkartasuna y Ezker Batua- que su oferta es un intento «leal y honesto de mejorar» el proyecto de ley, que fue respaldado por el lehendakari Ibarretxe. El Partido Popular reiteró su respaldo a los cambios, aunque con matices.

Todo el mundo adoptó un tono más conciliador. El portavoz del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Iñigo Urkullu, aconsejó sacar la vivienda del «rifirrafe» político y no incurrir en declaraciones teñidas de «demagogia e hipocresía», pues el «gran problema de los vascos» es encontrar una primera residencia. «A las rentas más altas no les interesarán esos pisos tasados de los que hablamos, porque sólo los podrán comprar quienes no tengan otra casa y, además, no los podrán vender en el mercado libre», precisó el parlamentario peneuvista Juan Antonio Arieta-Araunabeña.

«Lo que pretendemos -prosiguió Urkullu- es que la vivienda que se edifique en el futuro sea para las personas que no la tienen. Queremos llegar a la gente que se pasa de ingresos para acceder a la VPO y no puede acceder al mercado libre. Queremos evitar que tenga que hipotecarse para 50 años».

Estrategia del PNV

Lo que propone el PNV, en la línea de lo mantenido por la Diputación de Vizcaya, es una nueva estrategia urbanística para los próximos años, que obliga a cambiar el artículo 73 del proyecto de Ley del Suelo. Ahí se fijan las reservas de terrenos para los pisos protegidos y, a la postre, se decide la política de vivienda pública. Tal y como está redactado ahora ese artículo, el 55% del suelo urbanizable -las campas de las afueras- sería para VPO, que cuesta unos 120.000 euros para 90 metros cuadrados. El 20% iría a los pisos tasados de hasta 210.000 euros, y el 25% restante se dedicaría a las viviendas libres.

Ese reparto se inspira en la anterior 'ley Maturana', que fue promulgada cuando el PSE estaba en el Gobierno Vasco para potenciar la vivienda de protección oficial (VPO). Según la 'filosofía Maturana', las grandes reservas para VPO del suelo urbanizable se reducen drásticamente en el suelo urbano; es decir, en el valioso y escaso sitio libre del centro del pueblo. Siguiendo ese espíritu, el actual proyecto de Ley del Suelo asigna el 70% del terreno de los cascos urbanos a las viviendas libres; el 20% a las VPO y el 10% a los pisos tasados.

Alquiler rotatorio

Los peneuvistas piensan que la 'ley Maturana' ha fracasado y ofrecen al PSE y al consejero Madrazo la posibilidad de enterrarla para adaptarse a una realidad socioeconómica distinta de los años ochenta.

Su alternativa es que la futura Ley del Suelo dedique el 80% del suelo urbano y del urbanizable, indistintamente, a la vivienda pública. El 20% de esa reserva iría «de forma obligatoria» para los pisos de alquiler, que tendrían un funcionamiento rotatorio porque están pensados para que los jóvenes se emancipen de casa. El otro 60% se destinaría a los pisos protegidos 'para vender', que nunca podrían costar más de 210.000 euros.

Sobre ese 60%, el PNV había despertado recelos porque no había puesto una cuota mínima de VPO, de modo que algún alcalde podía sucumbir a la tentación de construir sólo pisos de 211.000 euros y dejar los más baratos para otros pueblos.

Sin embargo, Íñigo Urkullu aseguró que su partido presentará una propuesta matizada en ese asunto. La meta es crear una oferta diversificada desde la VPO hasta los pisos tasados más caros con el fin de existan viviendas para ciudadanos con distintos niveles de renta. «Causa bochorno que digan que es una propuesta 'más liberalizadora'», comentó Urkullu.