SAN SEBASTIÁN. DV. El concejal del Partido Popular Ramón Gómez insistió ayer en la necesidad de que las papeleras de San Sebastián se adapten para el reciclaje, y dispongan de tres lugares de recogida diferente para el vidrio, el plástico y la materia orgánica, «lo mismo que ocurre en otras ciudades de España como Madrid, Málaga o Valladolid».

Recordó que se trata, además, de un acuerdo aprobado en Pleno en septiembre de 2005 a propuesta del PP, «y que no se ha llevado a efecto salvo en el frente del Koldo Mitxelena».

Gómez denunció que «es muy bonito llenarse la boca hablando de la meta de un reciclaje del 50% y poner pancartas en el Ayuntamiento y en lugares públicos a favor de una eliminación selectiva y sostenible de los residuos, cuando luego no se ponen los medios materiales para llevar estos planes a cabo».

Indicó que ni el Ayuntamiento ni las otras instituciones -Diputación y Gobierno Vasco- facilitan a los ciudadanos la práctica de actitudes ecológicas «ya que una persona que va por la calle se ve muchas veces 'obligada' a depositar la lata de la que ha bebido, el plástico del polo que ha comprado en la heladería o hasta el mismo periódico en una papelera, porque no existen recipientes alternativos».

Indicó que el tema de las papeleras es una cuestión que depende del Ayuntamiento, «no de la Comunidad de San Marcos», y que el argumento que encarecería y complicaría la recogida «no se sostiene y menos cuando se defiende y presume de una política sostenible desde el Gobierno municipal».

El edil popular subrayó asimismo que hay una carencia notoria de recipientes para la recogida de pilas, que «obligan muchas veces a deambular con ellas varios días en los bolsillos o a acudir a alguna tienda particular donde sabes que las recogen para si posterior reciclaje». Añadió que estos envases deberían estar situados cerca de los puntos donde se ubican los contenedores para el vidrio, el papel, y los plásticos.

En otro orden de cosas, aclaró que su partido no se opone a la gratuidad de determinados servicios de las casas de cultura, aunque interpretan que la normativa es demasiado amplia y no todo puede ser libre de pago, por lo que propugnan una definición más restrictiva de estos usos.