El 28 de abril, día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria no estamos para celebraciones. Diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales constatamos que la seguridad y salud laboral sigue siendo un gran problema. A lo largo de 2005, entre trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena se han producido 65.990 accidentes leves, 657 graves y 112 mortales, lo cual supone un aumento del número de accidentes (un 7,5% en los accidentes leves, un 2,82% en los graves y un 21,4% en los mortales). Ha esto debemos añadir las 14 personas que trabajaban por cuenta propia fallecidas el año pasado.

Y sin embargo las estadísticas, pese a su gravedad, sólo reflejan parte del problema. El subregistro en las enfermedades profesionales hace que la mayoría de las mismas no se reconozcan como tales. Son muchas las personas que anualmente enferman, e incluso fallecen, por enfermedades contraídas trabajando. Son personas con enfermedades músculo-esqueléticas, cardiovasculares o psíquicas que no se reconocen como enfermedades profesionales. Esta ocultación de las enfermedades profesionales, además de causar un evidente perjuicio a las personas que enferman, hace que no se adopten medidas que eviten situaciones futuras.

Mención especial merece la situación de la mujer en relación a la salud laboral. Las diferencias de género no se tienen en cuenta a la hora de evaluar los puestos de trabajo. Tampoco tienen el mismo tratamiento los puestos de trabajo que «tradicionalmente» ocupan las mujeres.

Hablando de enfermedades profesionales, es necesario referirse a las dramáticas consecuencias provocadas por la utilización del amianto. Hace muchos años que sabemos que el amianto provoca muchas enfermedades y cánceres. En 1955 ya se demostró el vínculo entre el amianto y diversos tipos de cáncer, y sin embargo se ha seguido utilizando y comercializando durante muchos años, en el Estado español no se prohibió hasta el año 2001. Todavía hay países en los que se sigue utilizando.

Es muy difícil dar cifras pero se puede decir que en el mundo más de 100.000 personas mueren al año por enfermedades debidas al amianto. En Euskal Herria también se puede afirmar que será mucha la gente que fallecerá por el amianto. La muerte por amianto, dado su largo periodo de latencia, puede llegar hasta los 30 años, es un problema que va a afectar a mucha gente durante mucho tiempo.

Estamos ante un gravísimo problema que exige un cambio radical de actitud por parte de las Administraciones. Se tiene que dar una estrecha colaboración entre Administraciones para identificar empresas y trabajadores que estuvieron expuestos al amianto para poder realizar controles médicos preventivos. A las personas afectadas se les tiene que garantizar el pago de indemnizaciones y recargo de prestaciones o posibilitarse el adelanto de la jubilación.

Una vez más tenemos que reiterar que la siniestralidad y las enfermedades profesionales tienen relación directa con la precariedad laboral. Las personas con empleo temporal sufren prácticamente tres veces más accidentes que las fijas. La indefensión, la falta de formación y experiencia son factores que explican el porque de esta innegable relación entre temporalidad y siniestralidad o enfermedades profesionales.

A la hora de buscar responsabilidades tenemos que empezar hablando de la patronal. Los hechos acreditan que en gran medida los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son consecuencia de intereses económicos que se anteponen a la seguridad y salud laboral. Abusan de la contratación temporal, exigen que se intensifiquen ritmos de trabajo y amplíe o desregule la jornada, y se resisten a realizar inversiones en materia de seguridad y salud incumpliendo incluso la normativa.

Esto no sería posible si las distintas Administraciones no lo permitieran. La línea política coincidente de Madrid, Gasteiz e Iruña es clara: no velar por el cumplimiento normativo en materia de seguridad y salud laboral, no confrontar con la patronal, propiciar la desregulación del mercado de trabajo y, en consecuencia, la indefensión de trabajadores y trabajadoras. En este contexto crear figuras de delegados sectoriales de prevención con el acuerdo de la patronal, como hacen los convenios de construcción de Bizkaia y Araba, puede servir para financiar organizaciones pero en ningún caso para avanzar en materia de seguridad y salud laboral.

Para evaluar su nivel de compromiso, basta ver como son las propias Administraciones las primeras en incumplir la Ley como empleadoras y en no exigir su cumplimiento a las empresas subcontratadas.

Las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y los Servicios de Prevención también «contribuyen» a que la Seguridad y Salud laboral sean un problema. Han convertido esta materia en objeto de negocio, la búsqueda del máximo beneficio económico orienta su actuación. Para ello las Mutuas dan altas antes de tiempo y nos obligan permanentemente a discutir si se trata de contingencia común o profesional. En lo que se refiere a los Servicios de Prevención cabe hablar, en demasiadas ocasiones, de malas prácticas «profesionales» como otra consecuencia de la mercantilización de la seguridad laboral.

No debemos perder de vista a la vigilancia de la salud. La calidad de la vigilancia de la salud deja mucho que desear. Todavía, son muchas las empresas que no tienen contratada la vigilancia de la salud y aquellas que lo tienen, en gran medida, se limitan a controles médicos básicos y rutinarios. Eso no es vigilancia de la salud.

Desde la convicción de que los problemas de seguridad y salud en el trabajo tienen su causa en el conflicto de intereses que caracteriza las relaciones de trabajo tenemos que dar mayor importancia en la acción sindical a esta materia.

La seguridad y salud laboral tiene que ser una reivindicación prioritaria en la negociación colectiva para que trabajar sea más seguro.