SAN SEBASTIÁN. DV. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula la norma foral vizcaína que regula el peaje de la A-8 porque sus tarifas financian otras infraestructuras viarias no preocupa a la Diputación de Gipuzkoa, que ayer lanzó el mensaje de que es un fallo recurrible, que afecta a otro territorio y a un modelo tarifario diferente. No obstante, los grupos representados en las Juntas Generales juzgaron con cierta cautela la trascendencia de la sentencia. Iñigo Manrique (PP) advirtió de que «no es un tema baladí y puede poner en entredicho muchos de los proyectos de carreteras que tiene la Diputación».

Precisamente ayer las Juntas Generales celebraron una sesión plenaria en la que se iba a discutir una proposición de Ezker Batua (EB) para que parte de los beneficios de Bidegi -sociedad foral que gestiona las autopistas- se destinen a bonificar el transporte público en Gipuzkoa. EB intentó retirar «por prudencia» esta cuestión de su propuesta, que fue finalmente desestimada con los votos en contra de PNV, EA, PSE y PP.

Tarifas con descuento

El diputado para las Infraestructuras Viarias, Javier Zuriarrain, dijo puertas afuera del pleno que «no hay visos» de que en Gipuzkoa se pueda anular el sistema de cobro de la autopista, y recalcó que el fallo judicial no es firme. Al contrario que en Vizcaya, donde la sentencia se origina por un recurso del PP, en Gipuzkoa nadie ha llevado las tarifas del peaje ante los tribunales, amén de que la situación tarifaria es distinta.

Zuriarrain recordó que cuando se creó Bidegi en junio de 2002, comenzaron a aplicarse «unos criterios, con un canon y unos descuentos en la autopista que Vizcaya no tiene».

Además, aludió a una directiva europea aprobada en septiembre de 2005, -aunque dijo desconocer si ya está traspuesta a la legislación española-, que establece que el empleo de los beneficios obtenidos en los peajes «se basará en el principio de recuperación de costes, infraestructuras, construcción, explotación, mantenimiento y desarrollo de la red».

Austria y Alemania

Zuriarrain agregó que Austria y Alemania están empleando los cánones de sus autopistas para mantener la red de carreteras y que la pretensión de esta norma europea es evitar que «esos fondos se desvíen a otras áreas, como sanidad o servicios sociales».

Señaló que los beneficios que obtiene el ente foral en los peajes del tramo guipuzcoano de la A-8 se están destinando a sufragar la construcción de los terceros carriles en esta vía, entre ellos, los que se harán próximamente entre Aritzeta y Orio.

«El problema será la matización de qué se entiende por mantener carreteras. Nosotros no hacemos nada más que eso, Vizcaya no sé lo que estará haciendo, pero nuestra situación es distinta», insistió Zuriarrain, que dio por hecho de que tendrá que comparecer ante las Juntas Generales para informar sobre este asunto.

Por el contrario, en la sesión de las Juntas, el portavoz del grupo juntero del PP, Iñigo Manrique, anunció su intención de pedir explicaciones a Zuriarrain, pues la sentencia del TSJPV «no es un tema baladí y puede poner en entredicho muchos de los planes de carreteras que tiene la Diputación».

Elías Maestro (EB) también expresó su preocupación por la trascendencia del fallo judicial: «Nos preocupa, porque el día de mañana también nos puede afectar en Gipuzkoa, porque se invierte parte de lo recaudado en hacer nuevas carreteras en este territorio histórico, como la Eibar-Vitoria y la autovía del Urumea».

Los junteros de PNV y EA también respaldaron la interpretación realizada por el diputado Javier Zuriarrain y rechazaron que la sentencia pueda crear jurisprudencia. El portavoz de EA, Iñaki Galdos, sostuvo que «no es firme y se refiere a una casuística diferente. En Gipuzkoa está en vigor un modelo de financiación ejemplar aprobado por mayoría y que ha dado grandes resultados».

Al contrario de lo que está vigente en Vizcaya, Galdos recalcó que «aquí se establecen grandes descuentos y se han hecho obras de mejora en la A-8, como los seis carriles entre Oiartzun y Ventas, etcétera».

Rebeka Ubera, de Aralar, también defendió que los beneficios de las autopistas se destinen a la mejora y conservación de carreteras, «así como al transporte público, cuando sea legalmente posible».

Patxi Agirre, del PNV, consideró que «la sentencia a lo único que nos tiene que llevar es a la serenidad, porque no es firme ni afecta a nuestro territorio. Las únicas prohibiciones de destino para los ingresos atañen a la financiación de la sanidad, no a carreteras. Y lo que hace Bidegi es eso, invertir en conservar y mejorar las autopistas».