BRUSELAS. DV. La Comisión Europea dio ayer tarde su visto bueno a la opa de la alemana E.ON sobre Endesa, provocando con ello la temida confrontación de legitimidades que resultan inevitablemente de esta decisión: la que gobierna los actos del Ejecutivo comunitario, que no es otra que la reglamentación en la Europa comunitaria sobre fusiones y concentraciones, y la española, establecida al calor de este debate y que confiere a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la última palabra en estos procesos.

Bruselas cuestiona las nuevas atribuciones delegadas por el Gobierno de Zapatero a la CNE, y ha anunciado un procedimiento de infracción por ello contra España que comenzará su andadura a comienzos de mayo, según las estimaciones más recientes.

La decisión del Ejecutivo comunitario de ayer es de una claridad palmaria. Frente a la veintena de condiciones impuestas por el Gobierno español a la opa de Gas Natural sobre Endesa, el acuerdo comunitario de ayer, promovido por la comisaria Neelie Kroes, deja expedita la vía a la fusión sin ningún tipo de cortapisas.

La declaración establece que «la transacción propuesta no obstaculizaría de forma significativa la competencia efectiva en el Espacio Económico Europeo (EEE) o en una parte sustancial del mismo». La Comisión ha concluido, tras investigar los mercados afectados, que «las actividades de las partes (E.ON y Endesa) que se solapan en los mercados de la electricidad en Francia, Italia, Alemania y Polonia son limitadas. En España, donde Endesa es uno de los dos operadores principales en el mercado de la electricidad, E.ON no opera en absoluto. Las partes no tienen ninguna actividad que se solape en los mercados nacionales del gas natural».

Por ello, la Comisión estima «poco probable» que la operación propuesta «tenga un impacto negativo importante sobre la competencia en los mercados de la energía en Francia, Italia, Alemania, Polonia y España en especial, o en el conjunto del EEE».

Ni siquiera la dimensión acrecentada del gigante alemán de la energía tras la fusión parece inquietar a Bruselas, que no asume la tesis del nacimiento de un operador «más paneuropeo, con efectos perjudiciales sobre la competencia».

Gana Merkel

La decisión comunitaria evidencia el fracaso de las gestiones del Gobierno español para evitar el choque de legitimidades, al que Bruselas y Madrid se ven abocados. Y muestra también la prevalencia en Bruselas de las tesis del Gobierno de Angela Merkel, que apoya a E.ON con menos aparatosidad que la que el Gobierno español ha derrochado con Gas Natural.

La salida de esta crisis parece dibujarse en torno a un acuerdo de las partes, que evite la confrontación directa ante el Tribunal de Justicia de la UE, que daría lugar a efectos económicos de extremada importancia.