VITORIA. DV. La propuesta del PNV para modificar el proyecto de Ley del Suelo, aprobado por el Gobierno Vasco y acordado con el PSE-EE y Aralar, suscitó ayer la división del tripartito que quedó evidenciada en un «fuerte y duro» debate que tuvo lugar en el seno de la ponencia parlamentaria que analiza el texto legislativo.

Pese a que desde la oposición se apuntaba a una posible crisis entre los socios del Ejecutivo vasco, puesto que ni EA ni EB apoyan la aportación nacionalista, la portavoz Miren Azkarate, desmintió de forma categórica esta circunstancia. «Por mucho que a algunos les interese fomentar rumores sobre crisis, el Gobierno va bien, no se preocupen», afirmó Azkarate tras defender el contenido de la ley negociado y acordado tanto con los socialistas como con Aralar. Minutos antes el viceconsejero de Vivienda, José Javier Dean, y el director de Suelo, Iñigo Maguregui, a las órdenes del departamento dirigido por Javier Madrazo (EB), eludían pronunciarse sobre la iniciativa que el grupo parlamentario del PNV presentó ayer en la ponencia sobre la Ley del Suelo y remitían a los periodistas a recabar información sobre las supuestas discrepancias a la portavoz del Ejecutivo vasco.

La propuesta del PNV, formulada por el parlamentario Juan Antonio Arieta-Araunabeña, difiere de forma sustancial tanto del texto aprobado por el propio Gobierno Vasco como del consensuado con otras dos formaciones parlamentarias. Así, la iniciativa nacionalista propone que el 80% del suelo, ya sea urbano o urbanizable, se destine a vivienda de protección pública de régimen tasado. De ese porcentaje, el 20% sería para alquiler social y el otro 60% para pisos tasados, donde también habría reservas expresas para colectivos con menos recursos. No obstante, el texto alternativo del PNV no fija un mínimo de VPO, la edificación más barata para el ciudadano.

Además, la formación jeltzale plantea que no haya límite de ingresos para optar a una vivienda de protección oficial a fin de que el acceso a un piso protegido sea «universal».

Planes generales

Otra de las modificaciones sustanciales hace referencia a los Planes Generales de Ordenación Urbana. Así, mientras que el proyecto legislativo limita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la capacidad de aprobar este tipo de planeamiento, el PNV plantea que todos los consistorios tengan capacidad para aprobarlo sin contar con el visto bueno de las diputaciones. Defiende, además, un nuevo reparto competencial de la Ley de Territorios Históricos de forma que los ayuntamientos aprueben los planteamientos generales, las diputaciones los sectoriales y territoriales, y el Gobierno Vasco las directrices generales del territorio.

A diferencia de Azkarate, que defendió el texto consensuado, Arieta-Araunabeña justificó el desmarque del PNV en un intento de «mejorar la ley» y eludió pronunciarse sobre si su grupo la apoyará o no si no se tienen en cuenta sus propuestas. Ante la posibilidad de que la crisis esté en el seno del PNV, la portavoz del Ejecutivo vasco instó a formular dicha pregunta al partido y no al Gobierno.

PSE y EHAK denunciaron la actitud de los nacionalistas por actuar como «oposición al propio Ejecutivo» y realizar propuestas «de espaldas» a Madrazo en un intento de «cepillarse» la ley y no «pulirla», mientras que el PP se mostró dispuesto a apoyar la propuesta del PNV.