SAN SEBASTIÁN. DV. En Estados Unidos, uno de cada seis profesionales sanitarios ha sido demandado por alguno de sus pacientes. Un trámite bastante sencillo si se tiene en cuenta que en la televisión se anuncia un teléfono gratuito para hacer estas reclamaciones judiciales y que en los propios hospitales hay bufetes de abogados que perciben el 54% de las indemnizaciones que reclaman para sus clientes. Esta «industria» en torno al error médico ha impulsado la medicina defensiva. Es decir, que médicos y enfermeros se cubren las espaldas para evitar este tipo de demandas.

Este panorama «absolutamente preocupante» que describe el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, puede ser pronto una realidad en España si continúa «el aumento progresivo» de querellas, según explicó ayer en la jornada inaugural del congreso La Enfermería y Justicia que acoge el Kursaal donostiarra. «Dicen los expertos que Reino Unido y Alemania están muy próximos a EE UU y que España tardaría entre 5 y 8 años en aproximarse», aseguró González, quien dibujó un horizonte en el que, al final, el que sale perdiendo es el propio enfermo. «El profesional de la Medicina se defiende ante una posible denuncia y para ello practica y repite pruebas diagnósticas innecesarias, que son dolorosas, generan inseguridad en el paciente y elevan el gasto sanitario», afirmó.

En la actualidad, hay 1.097 causas judiciales abiertas contra enfermeros en España. La mayoría, en Andalucía (297). En Euskadi hay un total de 61, de ellas 23 en Gipuzkoa, 27 en Vizcaya y 11 en Álava.

Entre las principales causas que motivan la imputación de un delito de negligencia figuran la administración incorrecta de inyectables, la alergia a medicamentos o al látex, la atención hospitalaria deficitaria, el olvido de material quirúrgico en el interior del paciente o las lesiones al retirar o colocar escayolas. Las matronas son las que se enfrentan a indemnizaciones de mayor cuantía y la tendencia actual en España es optar por la vía penal, «por el único motivo de que, en contraposición con la civil, es más rápida para la resolución de la denuncia», explicó González. Éste lamentó que «se criminalice el acto sanitario» y denunció la «estigmatización» que viven los profesionales denunciados, «que son cuestionados durante el proceso penal para, en el 90% de los casos, ser absueltos».

El presidente del Consejo General de Enfermería abogó por distinguir conceptos como negligencia, imprudencia temeraria, intrusismo o accidente. «Hay un estudio sobre la práctica asistencial en el que se señala que desde el punto de vista técnico es absolutamente imposible que no haya errores. Hay que asumir que el error es parte del ejercicio profesional». González subrayó que el paciente tiene el legítimo derecho a reclamar cuando entiende que sus derechos han sido agredidos, y confesó su estupor ante el caso de un hombre que murió en Madrid de un tumor tras ingresar en un psiquiátrico porque los médicos no le creyeron. «Como mínimo, tiene que haber una indemnización civil».

Formación continua

En su opinión, los esfuerzos se deben encaminar a evitar o minimizar los accidentes, por lo que abogó por la «cualificación profesional». También reclamó el establecimiento de un «protocolo de actuación reglamentado», en el que están trabajando las comunidades autónomas con el fin de elaborar unas guías de buena práctica que orienten a los enfermeros cuando ejercen su profesión. «Si se siguen, puede haber resultado adverso, pero no mala práctica», aseguró González.

Los profesionales sanitarios exigen también que se establezca un baremo de daños pactado entre el sistema sanitario y el judicial, tal y como sucede en el caso de los seguros por accidentes de tráfico, con el fin de que se constituya «una doctrina unificada en todo el país, ya que las indemnizaciones por una misma negligencia son distintas en un sitio o en otro». Con el baremo se fomentarían los acuerdos amistosos, la conciliación previa desde el punto de vista civil. El Consejo General cree necesario también que se promueva la declaración voluntaria del error para que se evite en el futuro. «Se trata de que el profesional trabaje con más garantías y que aumente la seguridad clínica del paciente. Si hay una mala práctica, no sólo lo debe perseguir la Justicia, sino también nosotros desde los Colegios. Pero hay que tener en cuenta que es imposible que no haya accidentes», apostilló.