SAN SEBASTIÁN. DV. ¿Jubilarse a los 65 o a los 70? Si la pregunta es así de simple, la respuesta parece clarísima desde el punto de vista de los trabajadores. Pero las tornas cambian cuando los políticos de turno y los expertos ponen en entredicho la viabilidad futura del sistema público de pensiones si no se introducen reformas. Y en ello andan el Gobierno, la patronal y las centrales CC OO y UGT.

Incentivar la prolongación de la vida laboral de aquellos que hayan cotizado más, endurecer de forma progresiva el acceso a la jubilación parcial o que la edad de jubilación real, que se sitúa en la actualidad en 63 años, se acerque más a la oficial, son algunas de las propuestas de la reforma de las pensiones que están encima de la mesa. En otros países, como en Alemania, han decidido ya retrasar la edad de jubilación a los 67 años, aunque no de forma inmediata, sino en 2029, para permitir a las empresas que preparen su protección social en el futuro.

Los sindicatos vascos hacen una lectura dispar de las propuestas que se barajan, que en cualquier caso no son de gran calado y que mantienen una línea continuista con las emprendidas en el pacto suscrito en 2001 entre el Gobierno de entonces, la CEOE y CC OO, documento que fue rechazado tajantemente por UGT.

Eduardo García, responsable de Acción Sindical de CC OO de Euskadi, recuerda que en la actualidad la Seguridad Social se encuentra en el mejor momento de su historia, aunque es coyuntural debido a los buenos datos de empleo, contratación y crecimiento económico. Sin embargo, comenta que existen nubarrones en el horizonte, como es el aumento de la esperanza de vida, cuyos efectos se verán a largo plazo.

Califica las propuestas que se están barajando como «medidas de ajuste» y es partidario de ellas en la medida en que haya un «equilibrio y tengan carácter voluntario». Es decir, que aquellos que se jubilen de forma anticipada a los 61 cobren durante más tiempo, pero menos cantidad debido a los coeficientes reductores que se les aplican, tal y como ocurre en la actualidad, y los que se jubilen después de los 65 cobren durante menos tiempo pero más cantidad. «De esta manera, asegura, no tiene efectos negativos para el futuro de las pensiones».

En este sentido, comparte la idea de que los que decidan alargar voluntariamente la edad de jubilación tengan algún tipo de bonificación, pero poniendo un límite a la posibilidad de mejorar la pensión. En estos momentos, se incrementa un 2% la pensión cada año de más trabajado una vez cumplidos los 65.

En cualquier caso defiende que se conjugue la jubilación gradual y flexible con el contrato de relevo, ya que señala que se ha hecho una mala utilización del mismo. «Se está utilizando para que la gente pueda acceder a la jubilación anticipada, pero sin coeficientes reductores y no para favorecer la entrada en el mercado laboral de los jóvenes». Con todo, considera intocable que la edad legal de jubilación se mantenga en los 65 años.

Asegura que el sistema público de pensiones «ha durado cien años y es responsabilidad de todos, incluidos los sindicatos, que dure otros cien. Pero no valen discursos agogeros, ni prestaciones que pongan en peligro dicho sistema».

Contrato de relevo

Pilar Collantes, responsable de Acción Sindical de UGT-Euskadi, apunta que mientras la Administración defiende el principio de contributividad -quien más paga tiene más derecho a pensión- la postura sindical es que dicho principio tiene que ir unido al de solidaridad para que no haya pensiones de primera y de segunda.

Dicho esto, comenta que los cambios que se barajan en relación con la jubilación son de poco calado respecto a los que se introdujeron en el Pacto de Toledo de 2001. En su opinión, el principal afecta a la jubilación parcial. «Se habla de subir a los 61 años, e introducir algunas variaciones, como aumentar el tiempo que trabaja el jubilado parcial -en estos momentos es del 15% de la jornada habitual-, así como establecer una antigüedad mínima para acceder a la jubilación parcial con el objetivo de evitar el fraude, y subir el tiempo mínimo de cotización que es de quince años».

Es partidaria de introducir ajustes en la jubilación parcial siempre que no se haga de forma drástica, para que no afecte al contrato de relevo, «que en el País Vasco ha tenido una aceptación muy alta», destaca.

No ve con malos ojos que se incentive la prolongación de la vida laboral siempre que se generen derechos para los trabajadores y beneficie al mercado de trabajo. «Todo lo que sea imponer más edad no me parece correcto -recalca- si no va acompañado por otras medidas».

Coincide en desterrar mensajes alarmistas sobre el sistema público de pensiones. «Es bueno, tiene dinero, gozará de salud durante mucho tiempo y por lo tanto especular con el hecho de que viene el lobo es totalmente incierto. Los datos de superávit están creciendo, por lo que argumentar la necesidad de adoptar medidas drásticas no tiene ni pies ni cabeza».

«Perjudicará a los jóvenes»

Mikel Noval, responsable del Gabinete de Estudios de ELA, quiere dejar claro que cuanto conocen de las propuestas de reforma es a través de los medios de comunicación, por lo que denuncia «una falta de transparencia».

Apunta que la nueva reforma va en consonancia con la que se llevó a cabo en 2001 y que su objetivo «es reducir el gasto en pensiones, por lo que va a suponer un recorte de las nuevas prestaciones». En este sentido, critica las declaraciones realizadas por representantes de CC OO en el sentido de que la buena situación financiera de la Seguridad Social se deba a las reformas que se emprendieron en 2001. En su opinión, no se trata de un logro sindical, sino de un empeoramiento de las condiciones.

Considera que una de las medidas que se proponen, como es retrasar la edad real de jubilación, que en la actualidad está en los 63 años, irá en detrimento del empleo del colectivo de jóvenes, y aún más si se atrasara de forma obligatoria la edad legal de jubilación, «porque se estaría ocupando un empleo al que no puede acceder otra persona más joven».

Apunta que otras propuestas, como el retraso de la jubilación anticipada o el endurecimiento del acceso a la jubilación parcial suponen, en definitiva «dificultar el acceso a la pensión o recortar las nuevas pensiones».

Con todo, considera llamativo que quienes auguran que el sistema público de pensiones tendrá una mala situación financiera en 2020 estén planteando al mismo tiempo un recorte de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios. «Es una contradición que no admite el más mínimo análisis riguroso».

Mikel Noval explica que el análisis de fondo es qué criterios de justicia social se persiguen, cómo se hace el reparto de la riqueza y cómo va a vivir una parte importante de la población en el futuro. Por ello, apunta que la filosofía que subyace sobre las reformas que se platean es la del neoliberalismo. A su entender, el hecho de que cuente «con un consenso sindical -en alusión a CC OO y UGT- se entiende desde unos conceptos de un modelo sindical que acepta el neoliberalismo».

Añade que esta es la tendencia instalada en Europa, donde se están intentando plantear medidas en la misma dirección, bien sean gobiernos de izquierdas como de derechas. «Por eso criticamos el tratado de la UE, porque se primaba los intereses empresariales frenta a los de la clase trabajadora».

Concluye que la viabilidad del sistema de pensiones no peligra. «Los que hace quince años nos decían que hoy estaría en quiebra nos dicen ahora que lo estará dentro de diez años». Además, apunta que aunque las cotizaciones fueran insuficientes para cubrir las pensiones existen otras vías de financiación, como podrían ser los impuestos.

«Hacia la privatización»

Para el sindicato LAB, las medidas que se están barajando implican «una quiebra del principio de solidaridad que se dice inspira el sistema de seguridad social», ya que a su entender, se instala la filosofía de que quien ha cotizado poco, cobre poco o nada, «sin tener en cuenta que la falta de acumulación de cotizaciones suficientes responden al propio sistema de relaciones laborales».

Beatriz Martxueta, responsable de Política Social de la central abertzale, señala que se trata de impulsar la privatización de las pensiones en detrimento del sistema público, «en línea con el sitema neoliberal imperante en la mayor parte de la UE».

En definitiva, apunta que dicho sindicato no acepta las medidas propuestas, ya que supone una «rebaja de las pensiones, se endurecen los requisitos para acceder a la jubilación parcial anticipada y se estimula el retraso en la edad para acceder a la jubilación». Así, se pregunta «¿qué ocurrirá en la próxima reforma? ¿finiquitarán el contrato de relevo? ¿retrasarán la edad de jubilación? o acaso ¿privatizarán todo el sistema público de pensiones?».

Finalmente, la central insiste en una de sus reivindicaciones históricas: «un sistema vasco de seguridad social, basado en un sisema público financiado por las cuotas de empresarios, trabajadores y un fondo público que garantice las pensiones».

Respecto a la tendencia de Alemania o Francia de alargar la vida laboral, Beatriz Martxueta comenta que se inscribe dentro del «modelo neoliberal que impera en la UE, un modelo que pone en cuestión el Pacto Social del Estado de Bienestar».