Los malos augurios del director general de Tráfico sobre un alto número de víctimas mortales en las carreteras durante la Semana Santa se han cumplido y, a falta de los datos sobre las comunidades donde anoche culminó el retorno, Euskadi entre ellas, es posible que se rebasen. ¿Se podía esperar que los hechos sucedieran de manera diferente? Difícilmente, a la vista de la alta curva de siniestralidad que registran las carreteras desde hace años, sin que ni campañas de televisión, ni ingeniosos mensajes, ni la amenaza de mano dura con los conductores logre que España pueda dejar de alinearse en el furgón de cola de la seguridad vial en la Unión Europea.

Bien es cierto que desde hace más de un año se conoce una tendencia ligeramente descendente en cantidad de accidentes y de víctimas, lo que afortunadamente ha tenido especial reflejo en las carreteras vascas, y es cierto que se han dedicado importantes recursos a la mejora de autovías, en firme y señalización. Pero como saben en la DGT, si en las autovías y autopistas se producen anualmente 11.609 accidentes (930 muertos), en carreteras secundarias o convencionales se alcanza la cifra de 30.000 accidentes (2.796 fallecidos). Esa realidad apunta a problemas de trazado, mantenimiento y señalización en las carreteras provinciales y comarcales, todas ellas de titularidad autonómica. Algunas de ellas son especialmente proclives a la siniestralidad mientras que los responsables del manteniento de esas vías se mantienen ajenos a lo que ocurre en ellas. En la magnitud de la lucha contra la sangría del tráfico rodado nadie puede esconder sus responsabilidades porque o la solución se aborda en todos los planos o España no dejará de ser el segundo estado de la UE por riesgo de accidente mortal, con una inseguridad que triplica la media de la Europa de los 15.