MADRID / PAMPLONA. El Ministerio del Interior ha encargado a las Fuerzas de Seguridad del Estado que investiguen si ETA puede haber vulnerado el alto el fuego permanente que inició el pasado 24 de marzo con el envío en los últimos días a empresarios navarros de cartas en las que les exige dinero. El Gobierno quiere actuar con mucha cautela antes de entrar a valorar si la organización terrorista está violando o no las condiciones para iniciar un final dialogado de la violencia, según las fuentes consultadas.

El Ejecutivo tratará de determinar en primer lugar si las misivas que han recibido varios industriales de la comunidad foral son realmente obra de ETA, para descartar cualquier tipo de fraude o timo, que en el pasado ya se produjo aunque de forma esporádica. En el caso de que el Ministerio del Interior verifique la autenticidad, las fuerzas de seguridad tratarán de establecer si los documentos de extorsión se enviaron antes o después del inicio del cese de actividades de la organización terrorista.

La voz de alarma la dio ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, que explicó en las páginas del Diario de Navarra que al menos media docena de industriales de la región han recibido en los últimos días cartas firmadas por ETA en las que les exige dinero. Las misivas están fechadas en marzo, pero no hay especificación alguna sobre el día en que se redactaron y enviaron.

Ayesa indicó que las cartas son de dos tipos. Unas, las más abundantes, no exigen directamente el denominado 'impuesto revolucionario' sino que «invitan» al empresario a «colaborar en el proceso de paz a través de una contribución económica». Las segundas son de modelo clásico: la organización terrorista exige con «tono amenazante» la entrega de una cantidad de dinero.

El resultado de la investigación policial se incluirá en el segundo informe que el Ministerio del Interior enviará al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde el inicio del alto el fuego. Estos informes, elaborados con datos facilitados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, tratan de verificar si el cese de actividades de ETA es total o no y ponen un acento especial en la existencia o no de episodios de kale borroka o extorsión a empresarios.

El primer análisis, elaborado tras las primeras dos semanas de tregua, informó el 5 de abril a Rodríguez Zapatero de que las fuerzas de seguridad habían constatado no sólo una ausencia de atentados o de movimientos significativos de los terroristas sino «una total inactividad de ETA». El Gobierno ya comunicó a la organización, durante sus contactos previos al alto el fuego, que no consideraría que había cesado en sus actividades si durante la tregua, como ya ocurrió en 1998, se producían episodios de extorsión a empresarios o acciones de violencia callejera.

Los empresarios vascos acogieron con cautela la noticia sobre el envío de las cartas y aseguraron que «no existe constancia» del envío de misivas de ETA en la Comunidad Autónoma Vasca. La patronal Confebask afirmó que los empresarios se encuentran «tranquilos porque se sienten arropados por las instituciones». «Tanto por las manifestaciones realizadas por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los empresarios entienden que el cese de la extorsión está incluido en el alto el fuego», señaló un portavoz de la patronal.

El Círculo de Empresarios Vascos, por su parte, aseguró que no tiene constancia del «mantenimiento de las campañas de extorsión y amenazas» contra el colectivo empresarial tras la declaración del alto el fuego. No obstante, un portavoz de la asociación advirtió de que este tipo de prácticas «sería incompatible tanto con un escenario de paz y progreso como con un deseo social del conjunto de la ciudadanía vasca, que rechaza categóricamente la violencia». COLPISA