MADRID. Las 1.471 páginas del auto de procesamiento resumen las más de 80.000 del sumario, en las que figuran más de 25.000 de pruebas y miles de actuaciones policiales realizadas durante los últimos 25 meses. Pero ni una sola pista, ni un solo indicio apunta a que la organización terrorista ETA, más allá de confusas declaraciones de testigos a los que el juez Juan del Olmo niega credibilidad, participase de una u otra manera en la masacre. El magistrado desgrana en su resolución hasta la última gestión hecha por los servicios de Información y la Policía Científica para certificar que la autoría de los atentados corresponde sólo y únicamente a una célula local islamista que se inspiró en Al-Qaida.

El instructor es tajante: las informaciones de testigos protegidos que hablan de que dos de los miembros de la 'trama asturiana', Antonio Toro y Ignacio Fernández, Nayo, negociaron con ETA para vender 100 ó 200 kilos explosivos tienen «nula consistencia» y se basan en supuestas confesiones de terceras personas. Es más, el juez cree que la insistencia de dos de los interrogados por implicar a ETA son una suerte de «chantaje» al juez y advierte que «la Administración de Justicia no va admitir componendas».

La resolución judicial certifica que desde apenas unas horas después de los ataques la Policía trabajó con la hipótesis de que podía tratarse de una célula de corte integrista y que la cinta de video con la reivindicación yihadista de los atentados localizada en las cercanías de la mezquita de la M-30 fue considerada como verídica nada más conocerse su existencia.

Del Olmo descarta que nadie ajeno a la yihad tuviera relación alguna con las gestiones de la célula de Serhane Ben Fakhet, El Tunecino, para conseguir la goma dos usada en las mochilas bomba. Los análisis lofoscópicos (huellas dactilares) de las bolsas de los explosivos sólo han servido para identificar a activistas islámicos y a personas del entorno de mina Conchita de donde se sustrajeron las bolsas de dinamita plástica.

Además, el magistrado confirma que todos los explosivos y detonadores usados por los islamistas en los atentados de los cercanías y el AVE, así como los restos recuperados en el piso de Leganés, tienen idéntico origen: las santabárbaras de explotaciones de la firma Caolines de Merillés, de donde fue robado todo el material.

Sin contactos carcelarios

No hay tampoco mención a los supuestos contactos en la cárcel entre imputados de la denominada 'trama asturiana', como Rafá Zouhier o Antonio Toro, con miembros de la organización terrorista en prisión. El juez siquiera habla en el procesamiento de las supuestas identificaciones de dos conocidos etarras en los lugares de los hechos o de la coincidencia del modus operandi del 11-M con otros ataques ideados por la organización terrorista en fechas cercanas como los atentados en la estación invernal de Baqueira con varias mochilas-bomba o la denominada caravana de la muerte interceptada días antes de la masacre en Cuenca.

El juez dedica cerca de 300 páginas a describir uno por uno los más de mil documentos encontrados a los supuestos autores de la masacre, tanto en el piso de Leganés como en los discos duros y soportes informáticos hallados en esa casa y en los inmuebles de los otros detenidos. Los análisis de criminalística de esos millares de pruebas, insiste el juez, hablan de Al- Qaida, de «proselitismo yihadista» y de «militarismo» integrista, pero ni una sola mención a la organización ETA. COLPISA