La continua confrontación entre el presidente Chirac, el primer ministro Villepin y el titular de Interior, Sarkozy, y la de todos ellos con los estudiantes, sindicatos, antiglobalizadores e inmigrantes franceses, ha convertido la disputa por el Contrato de Primer Empleo (CPE) en el mejor símbolo de la desorganización y decadencia francesa. Y lo que es peor, en el ejemplo de la falta de voluntad por parte de los implicados de buscar soluciones viables a la grave crisis por la que pasa el país. El CPE presentado hace un mes por Villepin era un proyecto consistente en permitir el despido libre y sin justificación durante dos años para los menores de veintiséis a cambio de ayudas a los jóvenes para alquileres y adquisición de viviendas, formación profesional gratuita, pagas estatales si el joven empleado no ha cotizado al paro, y la conversión del contrato en fijo al final del periodo. Pero la actitud de los estudiantes no le ha dado la menor oportunidad.

Pese a todos sus esfuerzos por evitarlo, la economía francesa está sujeta, como las de todo el mundo, a un proceso creciente de competencia e internacionalización en el que el papel de la mano de obra y el capital están cambiando vertiginosamente. No obstante, la incapacidad e inacción política francesa, unidas a la influencia de los sindicatos de la enseñanza media, han logrado un anquilosamiento del sistema educativo francés que genera un 12% de analfabetos y más de 150.000 graduados sin calificación laboral alguna. Lo paradójico de esta situación es que los que están a la cabeza de estos desmanes son aquellos que nunca se verán afectados por la exclusión laboral: los estudiantes universitarios que dentro de pocos años engrosarán las filas de la aristocracia laboral del inmenso sector público, y sus empresas afines, para los que los despidos y rebajas salariales son fenómenos casi desconocidos.

Todos los países tienen experiencia del daño que pueden hacer en algunas ocasiones los grupos de presión privados sobre la economía y la sociedad. Pero el caso francés sobrepasa el límite de lo razonable. El poder de los sindicatos, los universitarios y los empleados públicos han llegado a ofuscar y a acorralar a la opinión pública francesa en un antiliberalismo mercantilista que, al oponerse a cualquier reforma en aras de mantener el statu quo, están llevando a Francia a las posiciones más refractarias de Europa, incluso si para ello hay que usar la coacción y la violencia. Y la cuna de las libertades no se merece eso.