Mujer, de 84 años de edad y con un nivel alto de dependencia. Ese es el perfil medio de los usuarios de las residencias para personas mayores que son atendidas por la Diputación de Gipuzkoa que, en los últimos siete años se ha visto obligada a invertir 32 millones de euros en la adecuación de una red de 65 centros pensada inicialmente para personas de un perfil autónomo. A esos 32 millones hay que añadir otros 20 millones que destinará la Diputación, durante 2007 y 2008, a completar el proceso de adaptación para que dichos centros atiendan a personas con elevados niveles de dependencia. «Esa inversión ha sido financiada por la propia Diputación y sin ninguna aportación por parte del Gobierno y, esa situación debe tener un recorrido, bien a través de la Ley de Aportaciones o como se estime oportuno en lo que son las relaciones interinstitucionales», indicó Larrañaga.

En ese mismo sentido, se manifestó la diputada de Asuntos Sociales de Álava, Ainhoa Domaica tras denunciar la «insuficiencia financiera» de las diputaciones para hacer frente los retos sociales. Domaica pidió la revisión «profunda» de la Ley de Aportaciones ya que, a su juicio, el Gobierno Vasco no garantiza la «suficiencia financiera» para la gestión de las competencias forales. «Esa falta de resolución está propiciando un estrangulamiento económico de los ayuntamientos y las diputaciones, que ven cómo crecen las demandas sociales a un ritmo superior al de los recursos asignados, frente a la holgura presupuestaria de la Administración autonómica».