VITORIA. DV. Definir cuáles deben ser los servicios sociales a prestar, el modelo de atención sociosanitario y el sistema de financiación son los principales retos que deberán dilucidarse antes de que el Gobierno Vasco elabora la futura Ley de Servicios Sociales. Así, lo constataron ayer el viceconsejero de Inserción Social del Ejecutivo Vasco, Manuel Vigo y los diputados de Asuntos Sociales de Gipuzkoa, Vizcaya y Álava en la ponencia parlamentaria que analiza la situación de los servicios sociales.

A la hora de financiar los recursos y prestaciones sociales y decantarse por un determinado sistema, Vigo abogó por incrementar la presión fiscal de una forma «justa y adecuada», por considerar que el sistema impositivo grava más a las rentas altas y menos a las bajas, al tiempo que recordó que la carga impositiva de Euskadi está «cuatro puntos por debajo de la los países más avanzados».

El viceconsejero de Inserción Social, área que depende del departamento de Joseba Azkarraga, defendió el incremento fiscal frente al copago, que reparte el gasto entre la Administración central, la autonómica y los propios usuarios, ya que, a su juicio, este sistema deja en una «situación crítica» a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Patrimonio de una vida

«No es justo que lo que una persona haya podido acumular durante toda una vida de trabajo, en la última fase de la vida lo tenga que poner a disposición de una administración pública para pagar la protección y el derecho que tiene a una asistencia», manifestó Manuel Vigo.

Tras reconocer que las nuevas prestaciones que se pretenden recoger en la futura ley exigirán más gasto, Vigo indicó que el sistema de protección social del País Vasco dista de los países europeos avanzados de los que, «se encuentra a siete puntos de distancia en cuanto a gasto social».

Aunque es consciente de las dificultades que conlleva incrementar los impuestos, el viceconsejero considera necesario realiza un «esfuerzo importante» para que Euskadi tenga una prestaciones similares a las de los países nórdicos. «Si queremos un nivel de bienestar similar a los países nórdicos, tenemos que acercarnos también a la presión fiscal que tienen éstos», afirmó Vigo.

Sin embargo, este sistema de financiación no es compartido por las diputaciones. De hecho, el diputado de Asuntos Sociales de Vizcaya, Juan María Aburto, defendió que uno de los principales retos será precisamente «asumir el copago» por entender que «salvaguardaría todas las situaciones de personas que no tengan recursos» ya que, según explicó, la aportación económica se limitaría a las personas que dispongan de una renta suficiente.

Por su parte, la diputada de Política Social, Esther Larrañaga, recordó que en la Diputación de Gipuzkoa ya se decantó por el sistema de copago en 2002. Esta financiación implica el pago de los recursos sociales, como pueden ser las residencias para mayores, en función de los ingresos del propio usuario y nunca de la familia, si bien, tal y como explicó Larrañaga, se tiene en cuenta el patrimonio del beneficiario, pero no su vivienda habitual. «La valoración de ese sistema es satisfactoria. La mayoría de los usuarios no plantean mayor problema en hacer una aportación por los sistemas asistenciales», indicó Larrañaga que recordó que las aportaciones realizadas por las diputaciones forales al anteproyecto de la Ley de Dependencia se decantan también a favor de sistema de copago.