VITORIA. DV. El próximo 5 de julio entrará en vigor el decreto que fija un plazo máximo de seis meses para las intervenciones quirúrgicas programadas en la red pública de Osakidetza, un plazo que se reduce a tres meses en el caso de la cirugía cardiaca y a un mes en el supuesto de una operación oncológica.

De dicha regulación quedan excluidos los procedimientos quirúrgicos urgentes, por tener prioridad sobre otro tipo de operaciones, de igual manera que otro tipo de intervenciones que, aunque se incluyan dentro de las programadas ya sea por razón de seguridad, por su complejidad, o por necesitar un determinado tipo de tecnología requiere servicios altamente especializados. También se excluyen de esos plazos las intervenciones quirúrgicas no financiables con cargo al sistema sanitario público y otro tipo de procedimientos de cirugía menor, de escasa complejidad, en las que únicamente precisan anestesia local, no requieren una preparación preoperatoria o se realizan en un quirófano menor o en una consulta.

El documento publicado ayer en el BOPV recoge la posibilidad de que superados los plazos y los trámites establecidos, los pacientes sean derivados o puedan recurrir a la sanidad privada para no demorar el tratamiento, y siempre a cargo de Osakidetza.

El consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, que ayer compareció en el Parlamento Vasco para informar sobre la polémica gestión de las listas de espera, aseguró que los plazos de garantía establecidos en el decreto se cumplen ya en un porcentaje elevado, «si bien siempre hay algún caso que, por los motivos que sean, acaban con una demora superior». Asimismo, mostró su confianza en no tener que recurrir «mucho» a los hospitales y clínicas privadas ya que, a su juicio, el decreto servirá para «ponernos las pilas» a la hora de optimizar recursos sanitarios.

«El que reclame, y espero que reclamen todas aquellas personas que crean que están en su derecho a reclamar, obliga a la estructura a ser más eficiente», aseguró al tiempo que insistió en que si debe elegir entre paciente o privada «voy a mandar a la privada».

Y es que una de las razones esgrimidas por el sindicato ELA para oponerse al decreto es el riesgo de que se «privatice» la sanidad al recurrir a este tipo de solución que también denunció ayer en la Comisión de Sanidad, la parlamentaria de EHAK Nekane Erauskin.

Inclán salió al paso de estas afirmaciones al asegurar que en caso de que se incumplan los plazos establecidos en el decreto, la Administración Sanitaria tendrá que buscar solución a esos pacientes a fin de no demorar el tratamiento que precise su salud, si bien, indicó que «en contra de lo que han dicho muchos, la solución a estos casos, que serán pocos, se dará en su mayoría dentro de Osakidetza».

Recordó que los servicios sanitarios concertados con la red privada no llegan al 7%, al tiempo que reconoció que Gipuzkoa es el territorio que se lleva la mayor partida por contar con infraestructuras como el Oncológico y el Hospital Psiquiátrico de Mendaro o el centro de Tolosa, entre otros con los que es preciso contar. Mientras que el titular vasco de Sanidad defendió el decreto que, por primera vez, regula las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas programadas por entender que es un «primer paso» que reconoce el derecho del paciente, desde las filas de la oposición consideraron que el texto además de llegar tarde es poco ambicioso.

Así, lo manifestó la parlamentaria socialista Blanca Roncal y la representante del PP Juana Iturmendi que, además, hicieron hincapié en la necesidad de regular también el tiempo máximo para la realización de pruebas complementarias así como para las consultas externas.

Dato histórico

De hecho, el decreto que entrará en vigor el próximo 5 de julio no aborda dicha cuestión y tampoco lo hizo ayer el consejero de Sanidad, que centró su intervención en los pacientes pendientes de intervención quirúrgica programada. Así, aclaró una vez más el concepto de lista de espera quirúrgica y negó que se incluyan las intervenciones urgentes para rebajar la demora media, tal y como sugirió en su día la central sindical ELA. «Si las hubiéramos incluido, el tiempo de espera medio no habría sido de 55,17 días al cerrar 2005, sino de 49,87%, justo lo contrario de lo que decía ELA», manifestó.

En su comparecencia, ofreció los últimos datos que revelan que en el mes de marzo la demora media fue de 47,72 días, diez días por debajo de la registrada el año pasado en el mismo mes. «Son los mejores datos de la historia de Osakidetza», indicó Inclán. Resaltó que actualmente el 85% de los pacientes esperan menos de tres meses.

Asimismo, comparó los datos del sistema público vasco con la media estatal que a diciembre de 2004 ponían de manifiesto que en Euskadi había una tasa de 7,2 pacientes en espera por mil habitantes, mientras que la media española era de 9,8%, es decir un 36% más. «Las listas de espera son consustanciales con el carácter público y universal de la sanidad», afirmó Inclán, que reconoció que pese a no haber «fórmulas mágicas» es preciso reducir el tiempo de espera. En ese sentido, consideró que el decreto es un «primer paso» que, en su opinión, «nos va a valer para tener compromisos más ambiciosos».