Los ayuntamientos de Eskoria-tza, Aretxabaleta, Mondragón, Oñati y Bergara, juntamente con Caja Laboral, intentaron en 1968 mantener el ferrocarril Vasco-Navarro transformándolo en un tranvía cuyo sostenimiento se comprometían a costear destinando hasta el 8 por ciento de sus presupuestos a cubrir anualmente el déficit de este servicio.

Así se lo hicieron saber al entonces ministro Federico Silva Muñoz en una carta en la que le escribían que «el ferrocarril suprimido -el Vasco-Navarro se había clausurado el 31 de diciembre de 1967- no es más que uno de tantos motivos de frustración que estos municipios tienen, además de la falta de carreteras, de comunicaciones postales y telegráficas de presupuestos locales, entre otros».

Como José María Ormaetxea revelaba en un clarificador artículo publicado en la revista TU Lankide, el párroco de Aretxabaleta, Don Angel Garmendia, «inició su cruzada (en favor del tren) dirigiendo una cara a Caja Laboral para que las cooperativas no permitieran que el hecho se consumara».

La entidad de crédito cooperativista y los cinco ayuntamientos citados se embarcaron en un proyecto que proponía pagar al Estado el coste de alquileres del material móvil (8 coches motores -locomotoras eléctricas de los años 40- y 11 vagones de viajeros), lo que representaba 270.000 pesetas/año, más los gastos de personal y los de energía. El resultado final, escribía Ormaetxea, dejaba, en 10