MADRID. El aval bancario de mil millones de euros impuesto como caución para que Endesa continúe con su demanda contra la opa de Gas Natural es el más elevado que se conoce en la historia judicial española, según varios juristas.

La obligación decidida por la titular del Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, Mariam Iglesias Bravo, supera los 680 millones de euros (más de 113.000 millones de pesetas) impuestos por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en 1998 contra los diecisiete imputados en la causa para investigar un supuesto fraude relacionado con ex directivos de Telecinco.

El aval bancario de mil millones de euros, que Endesa habría de conseguir antes de diez días, supera incluso a la que fijó en 1995 el entonces juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras a cuatro inculpados en el 'caso Inverbroker' por una fianza de responsabilidad civil de 105.000 millones de pesetas (631 millones de euros).

Moreiras, según las mismas fuentes, tenía hasta entonces el récord de cuantía de estas fianzas, puesto que decidió imponer una garantía de 65.000 millones de pesetas (390 millones de euros) de responsabilidad civil, en octubre de 1994, a cuatro ex responsables de la cooperativa de viviendas PSV y, subsidiariamente, a la propia cooperativa, a la gestora IGS y al sindicato UGT.

Para hacer frente a esa cantidad, que quedó reducida más tarde a 42.000 millones de pesetas (252,42 millones de euros), el juez embargó los bienes de los cuatro ex directivos de la cooperativa de viviendas sociales.

Más cerca en el tiempo, en octubre de 2004, figura el aval bancario presentado por Uniprex, la empresa que controla la emisora de radio Onda Cero, para afrontar el laudo sobre Kiss FM por más de 241 millones de euros en garantía del pago al Grupo Radio Blanca.

Otro abono, de menor cuantía, es el de más de 16.000 millones de pesetas (96,16 millones de euros) impuesto en 1996 por el antiguo juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra el ex presidente de Banesto Mario Conde y el resto de acusados en el denominado 'caso Banesto'.

También destaca la fianza decidida por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre contra el financiero Javier de la Rosa, a quien pidió 13.333 millones de pesetas (80,13 millones de euros) por dañar el patrimonio de los accionistas minoritarios de Grand Tibidabo. EFE