MADRID. La tramitación de la opa de Gas Natural sobre Endesa se suspenderá de forma cautelar si, en el plazo de diez días, la eléctrica deposita como caución un aval bancario por 1.000 millones de euros con el que hacer frente a los perjuicios que pudiera causar esa paralización. La decisión no tuvo gran impacto en la cotización de las compañías en los mercados de valores. Endesa se revalorizó un adicional 0,51%, Gas Natural cedió el 0,45% e Iberdrola cerró sin cambios en una sesión en la que el Ibex 35 subió el 0,10%.

La magistrada Miriam Iglesias, titular del Juzgado número 3 de lo Mercantil de Madrid, ha adoptado esta medida ante la eventualidad de que, como denunció Endesa, Gas Natural e Iberdrola hubieran actuado de manera concertada y tanto la opa como el acuerdo de compraventa de activos suscrito entre ambas tuvieran como objetivo expulsarle del mercado. Esta conducta supondría una infracción al Tratado de la Unión Europea, que en su artículo 81 prohíbe los acuerdos entre empresas que tengan por objeto «impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común».

El juzgado opta por suspender también, siempre que Endesa deposite el aval, la ejecución del contrato de 5 de septiembre de 2005 suscrito entre Gas Natural e Iberdrola. Reconoce que ese acuerdo está supeditado a la eficacia de la opa, pero supone que, si tuviera como objetivo la desaparición de Endesa, de no adoptarse medidas cautelares se podría llegar a una situación irreversible.

Los asesores jurídicos de Endesa estudian el caso, pero será el consejo de administración quien se pronuncie. La cuantía de la caución impuesta supera de lejos las previsiones. La eléctrica había sugerido depositar un millón de euros, mientras Gas Natural recordó que el importe de la operación asciende a más de 20.000 millones y la cautela debía alcanzar un importe equivalente.

La juez considera necesaria la constitución de una garantía por los perjuicios que pueda acarrear la paralización y cree adecuado cifrarla en el 5% del importe de la opa. En los mercados, argumenta, «el simple paso del tiempo junto a la acción mediática omnipresente en nuestra época producen necesariamente consecuencias».

Advertencia de la gasista

Gas Natural defendió su acuerdo con Iberdrola tras conocer el auto de la juez que propone suspender la tramitación de la opa si Endesa deposita un aval de 1.000 millones de euros. La empresa gasista argumenta que el pacto con Iberdrola en modo alguno se puede considerar colusorio -entendimiento entre dos compañías para expulsar a una tercera del mercado-, y advierte a la sociedad que preside Manuel Pizarro de las responsabilidades económicas relevantes en que incurrirá si presenta la garantía, por el perjuicio que la paralización supondrá para Gas Natural y para sus propios accionistas.

Explica Gas Natural que su entendimiento con Iberdrola tiene como fin contribuir a resolver el proceso de desinversión de activos que le impone el Consejo de Ministros para garantizar la competencia. Recuerda que ese acuerdo ha sido examinado sin reparos por diferentes instancias administrativas, y destaca que en estos momentos hay importantes operaciones internacionales en curso que cuenta con 'planes de remedios' similares. Las desinversiones se hubieran tenido que producir con o sin pacto con Iberdrola, concluye la gasista.

La juez cree posible la hipótesis de la concertación previa, dadas «la magnitud de la operación y de los recursos financieros que exige movilizar, su propia complejidad interna y las especificidades de los mercados del gas y la electricidad».

No le parece razonable que Gas Natural se hubiera lanzado a acometer una operación de tamaña envergadura «sin tener asegurado el destino funcional, pero también financiero como vía para reducir la cuantía final del esfuerzo monetario, de las plantas o unidades de negocio menos afines», es decir, «sin tener anticipadamente prevista y asegurada» la plena colaboración de Iberdrola.

Por eso, y porque en una opa la transmisión de acciones tiene carácter irreversible, la juez acuerda la suspensión de la operación, si previamente se produce el depósito de la garantía económica. El auto puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en un plazo de cinco días. Ante la excepcionalidad del caso, que la juez considera «novedoso y discutible», no se pronuncia sobre las costas. COLPISA