IRUN. DV. Un informe jurídico realizado a instancias del Ayuntamiento de Irun señala que, según la legislación vigente en materia de huelga, «el paro convocado por las trabajadoras de las empresas de limpieza de los edificios municipales es ilegal». La conclusión del informe tiene su base «en la normativa en vigor, que considera una huelga como ilegal cuando tenga por finalidad alterar lo pactado en un Convenio Colectivo dentro del periodo de vigencia del mismo».

El citado informe señala que el día 3 de enero de 2006 fue publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales del territorio histórico de 2005-06, «con lo que entraba plenamente en vigor en esa fecha y era de aplicación a todo el personal de las empresas guipuzcoanas del sector». El informe jurídico encargado por el Ayuntamiento añade que, «tan sólo 6 días más tarde, tres de los cuatro sindicatos firmantes de ese convenio (ELA, LAB y ESK) convocaron la realización de una huelga, con el único propósito de negociar y establecer un nuevo Convenio Colectivo propio, diferente del general aplicable a todas las empresas de Gipuzkoa, saltándose su propio compromiso previo e incurriendo en una expresa ilegalidad, varias veces recogida por la Jurisprudencia en vigor».

Una vez conocidas las conclusiones del informe, el Ayuntamiento adoptó la decisión «requerir hoy mismo (por ayer) a las empresas implicadas -Eulen, Clece y Valoriza Facilities- la limpieza inmediata de los edificios afectados que, de no producirse, obligaría al Ayuntamiento a adoptar las medidas oportunas que pongan fin a la situación que se vive en los servicios afectados».

«Daños y perjuicios»

El Ayuntamiento enviará el informe a la Consejería de Trabajo y exigirá a las empresas implicadas en la huelga «daños y perjuicios ante el incumplimiento de los contratos suscritos durante los días de paro».

Los sindicatos convocantes de la huelga de limpieza -ELA, LAB y ESK- aseguraron ayer que el paro se está llevando a cabo «tal y como exige la legalidad vigente y hay jurisprudencia al respecto. A día de hoy, se han respetado escrupulosamente todos los pasos legales», señaló Iñigo Zubeldia, responsable de Servicios de ELA.

Los sindicatos y las trabajadoras en huelga se preguntan «por qué el Ayuntamiento encarga un informe jurídico sobre la legalidad del paro dos meses después de su inicio. El 19 de enero nos reunimos para hablar de los servicios mínimos y entonces no se hizo referencia ninguna a una posible ilegalidad. Esta luz que se les ha encendido ahora no es más que un elemento de distorsión en el conflicto», añadió Iñigo Zubeldia. «Si lo que quieren es que luchemos judicialmente, así será. Un juez decidirá la legalidad de la huelga».

Paralelamente al encargo del informe jurídico, el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de rescindir su relación con las empresas encargadas de la limpieza y contratar directamente los servicios que realizan en la ac- tualidad, a través de la convocatoria de una oferta pública de empleo.