La Directiva Marco del Agua de la UE de octubre de 2000 supone un cambio en la concepción institucional y social de la relación con un recurso natural primordial. La normativa comunitaria establece criterios y actuaciones para proteger todas las aguas con el fin de preservar el medio ambiente y mejorar los ecosistemas, atenuar los efectos de sequías e inundaciones y promover su uso sostenible. En definitiva, avanza hacia una cultura del agua que, asumiendo el carácter prioritario del suministro, aboga por fórmulas que hagan posible un equilibrio natural. Los cambios que contempla la Directiva sobre hábitos de consumo y producción son los que, en su trasposición, están generando mayor conflictividad en los Estados miembros por ser los que más impacto producen sobre la realidad ciudadana y económica. La Ley de Aguas del País Vasco, como derivación de este proceso de adaptación normativa, no es ajena a esta circunstancia. La fijación de políticas tarifarias más ajustadas a la realidad, que transmitan al usuario el coste efectivo del servicio y promuevan un uso eficiente y racional; la aplicación de un canon por consumo para financiar obras de infraestructuras o mejora medioambiental; y la extensión de este rigor y control a todos los sectores productivos tienen un apreciable impacto económico que explica la controversia surgida en los ámbitos concernidos, redoblada tras el acuerdo alcanzado por el tripartito y el PSE-EE. Un compromiso que garantiza la aprobación de la norma y su entrada en vigor en 2007, tres años antes del límite marcado por la UE.

Esta actualización era obligada porque el actual modelo n conducía hacia la insostenibilidad. Es inconcebible que casi el 40% del agua consumida en Euskadi no pase por contador alguno y que las fugas en las conducciones hagan que, de media, se pierda entre un 20% y un 30%. Y lo es más que este despilfarro sea atribuible a instituciones en general poco exigentes en el control de sus usos y portadoras de planteamientos urbanísticos y residenciales donde el agua no es un factor determinante, sino un servicio más a cubrir. Conocer con precisión el consumo real es el primer paso. La creación de la Agencia Vasca del Agua, como un ente gestor de iniciativas dispersas, debería garantizar una unidad de planeamiento y rigor en las prioridades. El proyecto de ley es susceptible de mejoras, pero en la tramitación parlamentaria hay mecanismos para lograr un amplio consenso político, institucional y social. Siempre teniendo en cuenta que potenciar un uso sostenible del agua no es un capricho, sino un pilar del desarrollo futuro que a todos importa y compete.